"Miles de víctimas de abusos de los Derechos Humanos en todo el país continúan esperando a que la justicia haga su trabajo. Mientras, los individuos que cometieron los crímenes siguen en libertad. Esta impunidad está socavando los esfuerzos para reconstruir el país y establecer la paz", ha indicado la investigadora de Amnistía Internacional para África Central, Ilaria Allegrozzi.
"La única solución a largo plazo es una revisión completa del sistema judicial de República Centroafricana, incluidos los tribunales, las cárceles y las fuerzas de seguridad. Es esencial que se pongan en marcha una serie de ayudas para hacer efectiva la labor del Tribunal Penal Especial de RCA, lo que debe incluir un programa de protección de testigos", ha añadido.
El informe de Amnistía Internacional, 'La gran espera por la justicia: Responsabilidad en República Centroafricana', alerta de que decenas de personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra han logrado evitar ser detenidos o investigados.
El sistema judicial de RCA, que ya era débil antes de que se iniciara el conflicto en 2012, se ha visto significativamente afectado por los enfrentamientos. Según Amnistía Internacional, apenas quedan tribunales en funcionamiento en el país y tan sólo ocho de las 35 prisiones continúan funcionando.
"Viven al lado de sus víctimas, cogen los mismos taxis, van a las mismas tiendas y viven en los mismos barrios. Ninguno de ellos ha sido detenido y ese clima de impunidad sólo da ventaja a los criminales", ha manifestado un ciudadano de Bangui, la capital del país.
En noviembre de 2016, las autoridades de RCA presentaron en Bruselas un plan nacional para la construcción de un proceso de paz en el país y solicitaron 105 millones de dólares (99 millones de euros) a Estados Unidos para reforzar el sistema judicial y poner en marcha el Tribunal Penal Especial.
Los cascos azules de la ONU ayudaron entre septiembre de 2014 y octubre de 2016 a las fuerzas de seguridad de RCA a llevar a cabo la detención de 384 personas por crímenes relacionados con el conflicto.
Sin embargo, 130 escaparon de la cárcel en 2015.
La impunidad ha contribuido a un aumento de la violencia, según ha manifestado la organización, que ha señalado que en octubre se produjo el ataque de Kaga-Bandoro, en el que un grupo de ex milicianos de la coalición rebelde Séléka mató a 37 civiles e hirió a cerca de 60 personas.
RECOMENDACIONES PARA EL TRIBUNAL PENAL ESPECIAL
Las autoridades han destacado los avances que se han estado produciendo durante los últimos meses en el establecimiento del Tribunal Penal Especial, que integra a jueces extranjeros y centroafricanos.
"Esta corte es fundamental para asegurar que las víctimas tienen una oportunidad para que se haga justicia, así que se le debe dar todo el apoyo necesario", ha manifestado Allegrozzi, que ha señalado que aun se necesitan otros 2 millones de dólares (1.8 millones de euros).
"También es vital que se ponga en marcha un programa de protección de testigos para que se favorezca la participación en los procedimientos judiciales a seguir. Es el momento de acabar con el clima de miedo en RCA", ha añadido.