El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Justicia, Francisco Caamaño, han acordado este lunes que la Abogacía del Estado recurra ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) las ayudas para sufragar viajes de familiares de etarras a las cárceles. Unas subvenciones que han sido aprobadas recientemente por el gobierno de Juan José Ibarretxe.
Las subvenciones se conceden desde finales de los años 90, cuando Eusko Alkartasuna llegó a la Consejería de Justicia con Sabin Intxaurraga. Estas ayudas se tramitaron, en un primer momento, a través de Senideak, organización de la izquierda abertzale. Y a partir de 2003, el Ejecutivo autonómico lo incluyó en los Presupuestos, dentro de las partidas dirigidas a ayudas a las familias.
Este año, por primera vez, el Gobierno vasco en funciones adelantó la convocatoria de ayudas, que se publicó 23 días después de las elecciones autonómicas del 1 de marzo. El decreto lo firmó el propio consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, apenas tres días después de las elecciones del 1 de marzo.
En concreto, para el presente año el departamento de Azkarraga tenía previsto dar 225.081 euros para que los allegados de los etarras se desplacen a las cárceles de toda España donde se encuentran los terroristas. Los que quieran optar a estas ayudas tienen de plazo hasta finales de este mes de abril, momento en el que se cerrará la recogida de solicitudes.
A toda prisa
Cuando Azkarraga firmó el decreto, ya se había visualizado la posibilidad de que EA quedase fuera del Gobierno y el líder del PSE-EE, pudiera hacerse con la Lehendakaritza. Lo cual llama la atención. Según el partido socialista y el PP, Ibarretxe ha decidido otorgar las subvenciones a familiares etarras a toda prisa, antes de dejar el poder.
Y precisamente la cuestión de las ayudas a familiares de presos etarras es uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad de PSE y PP. El documento del pacto habla de que se eliminarán las "partidas presupuestarias relacionadas con las asociaciones de familiares de presos de ETA que no condenen la violencia terrorista".