El Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y experto en materia terrorista, Javier Zaragoza, no cree "probable", por lo menos "en un futuro próximo", que se vaya a devolver al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao los casos de presos por delitos terroristas. "¿Es factible devolver las competencias para terrorismo a los juzgados territoriales de vigilancia penitenciaria? factible es, probable no", ha afirmado.
Zaragoza ha respondido, de esta forma, a la pregunta que le ha formulado el abogado vasco Txema Montero este viernes durante la jornada 'Crimen y castigo: La función restaurativa de la pena', organizada por la Cadena SER en la sede del TSJPV de Bilbao, en colaboración con el Departamento de Justicia del Gobierno vasco.
El Gobierno de José María Aznar decidió crear un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, con el fin de unificar criterios en el cumplimiento de las penas impuestas a terroristas, narcotraficantes y delicuentes del crimen organizado, después de que en 2002 el Juzgado especializado en esta materia de Bilbao --con la magistrada Ruth Alonso como titular-- concediera el tercer grado al preso de ETA, Félix Ramón Gil Ostoaga, a pesar del criterio en contra de la Fiscalía y la Administración penitenciaria.
Sobre la posibilidad de que este tipo de asuntos pudieran volverse a resolver en el órgano jurisdiccional de la capital vizcaína, el Fiscal de Sala del Tribunal Supremo ha señalado que "el problema del terrorismo de ETA está en la situación en la que todos sabemos que está", después de que en octubre de 2011 la banda decidiera abandonar la violencia, pero ha recordado que "hay otros fenómenos terroristas en estos momentos en auge", en alusión al yihadista.
A su juicio, terrorismos como el del Daesh "seguramente van a permitir que las competencias en estos temas estén concentradas, desde el punto de vista jurisdiccional, en el órgano judicial que es la Audiencia Nacional y, desde el punto de vista penitenciario", en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
"No es una reforma que se va a llevar cabo en un futuro próximo. Mientras existan fenómenos terroristas como los que actualmente vivimos, tengo la impresión de que eso no será posible", ha apuntado.
ESCLARECIMIENTO DE ATENTADOS DE ETA
Javier Zaragoza, además, ha manifestado que "sería deseable que se esclarecieran todos los atentados terroristas" de ETA "en los que no están identificados los autores y los partícipes" que, según ha recordado, ascienden a alrededor de 200, tal como él mismo reflejó en un informe de 2011 que elaboró cuando estaba en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El informe sobre las causas penales instruidas por atentados cometidos por la banda reveló que en 224 acciones terroristas, en las que fueron asesinadas 287 personas, no se ha podido exigir responsabilidades criminales a los autores o cómplices. Aunque no todos estos atentados permanecen impunes, en ninguno se ha podido condenar a todas las personas que participaron en ellos, bien como autores materiales o como colaboradores.
Zaragoza ha señalado que, "seguro que siendo asuntos archivados provisionalmente por falta de pruebas, estarán prescritos si se ponen en marcha a través de la maquinaria judicial porque hay una reapertura y habrá que declarar la prescripción". "¿Qué inconveniente hay entonces en reparar a las víctimas, reconociendo, responsabilizándose y, de alguna manera, dejando constancia de quiénes son los autores?", ha cuestionado.
Además, ha apuntado que ello favorecería la posibilidad de "utilizar estos mecanismos de justicia restaurativa no retributiva". "¿Hay alguna dificultad en eso?. Si eso sucediera, es más que probable que los mecanismos de la justicia restaurativa, el perdón, la reconciliación, y el dialogo entre víctimas y victimarios cobrara realmente fuerza y peso en el marco de los procesos penales por terrorismo", ha subrayado.
A su juicio, de esta forma, incluso podría "cambiar la actitud de las víctimas", si se produce ese "cambio en la actitud de los victimarios". "Ésa es la realidad, no nos engañemos. Al margen de que se hayan producido encuentros --entre damnificados y presos de ETA-- con buenos resultados, pocos, pero interesantes, si eso cambiara, quizá en el futuro la aplicación de los mecanismos de justicia restaurativa a estos procesos sería factible y hasta loable", ha indicado.
El Fiscal de Sala del Tribunal Supremo ha asegurado, asimismo, que no cree en la Justicia restaurativa para los casos de corrupción. "La reparación económica no es Justicia restaurativa, es justicia restitutiva. La justicia restaurativa está vinculada con el componente ético y moral de la responsabilización del infractor por el hecho", ha añadido.
LIBERTAD CONDICIONAL
Por su parte, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez ha considerado que, "en el ámbito de ejecución penitenciaria, se puede y se debe introducir la concesión de la libertad condicional vinculada a la reparación del daño causado por el delito".
Tras señalar que el "número excesivo" de presos en la cárceles en España, en comparación con otros países de la UE, se debe a la escasa utilización de la libertad condicional, cree que "su conversión en una modalidad de suspensión de la pena de prisión ha desnaturalizado la figura".
"El legislador, por algún motivo que a mí se me escapa, la ha convertido en una forma de suspensión más de la condena, privándola de buena parte de sus atributos", ha apuntado, para señalar que se ha "mermado la posibilidad de su utilización para conseguir unos espacios de libertad y de reinserción más notables" entre la población penitenciaria.
Sáez ha recordado que el cumplimiento de las penas "es potestad exclusiva del Estado" y la intervención de las víctimas "en la fase de su ejecución es discutible, sobre todo, si esa intervención de las víctimas no es solo de ejecutar la sentencia" y si se hace "desde parámetros no restaurativos".
La vocal del CGPJ ha defendido que "la Justicia restaurativa es un nuevo paradigma que viene a cumplir todos los requisitos y todas las exigencias, desde el punto de vista constitucional, del proceso debido, de la finalidad de pena, del cumplimiento de los fines de la pena y del cumplimiento de los fines del derecho penal".
AMPLIAR LOS CONSENSOS
Durante la inauguración de la jornada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha recordado que juristas, penalistas, constitucionalistas, y expertos en criminología, sociología y psicología, coinciden en la actualidad "en la necesidad de ampliar los consensos sociales que dotan de legitimidad al sistema de Justicia penal".
"Con el castigo de cárcel, hacemos cierta la afirmación social de que, 'quien la hace, la paga', pero ¿con ello buscamos retribuir a la víctima del crimen o nos contentamos con vengarla?, ¿podemos pensar en una reparación más eficiente del daño causado por la persona delincuente?, ¿podemos gestionar el reproche social de las conductas delictivas por un medio distinto o por métodos alternativos a la privación de libertad?", ha preguntado.
En este sentido, ha señalado que el vigente Código Penal "abre una puerta decidida a la obtención de una función restaurativa en la fase de ejecución de las penas para abordar el objetivo de una Justicia Penal que se involucre y que involucre a la persona penada, al victimario, en la reparación del daño causado a las víctimas y en la restauración de las relaciones sociales rotas por la acción delictiva".
El presidente del TSJPV ha destacado que esto supone "un reto de especialización profesional, de organización administrativa y de infraestructura de servicio público para la Administración de Justicia".