En su intervención este viernes en la jornada 'Crimen y castigo: La función restaurativa de la pena', organizada por la Cadena SER en el Palacio de Justicia de Bilbao, Zaragoza ha pedido una red territorial de fiscales especializados en la aplicación de mecanismos de Justicia restaurativa, y ha sugerido que debería crearse en el Tribunal Supremo un Fiscal de Sala para esta materia.
El representante del ministerio público ha defendido que la Justicia es "algo más que el castigo al infractor". "Debe ser más humana y más justa, y no solo ajustada a Derecho. En ocasiones, la aplicación rigurosa e inflexible de la Ley genera situaciones bastante injustas desde el punto de vista material", ha apuntado.
Por ello, cree que la Justicia también busca "lograr, con una mayor armonía, la conciliación social" porque "la víctima se puede sentir reparada en un sentido amplio y porque el infractor se responsabiliza de los actos que ha cometido". "De esa manera, se cumple con el objetivo de la reinserción y rehabilitación del infractor", ha indicado.
Tras recordar que la Justicia restaurativa utiliza herramientas diferentes a las tradicionales, como la mediación, la conciliación o el perdón, ha aludido al ejemplo de Colombia, "que tiene una experiencia muy importante en esto", ya que ha puesto en marcha herramientas como los círculos de paz, los programas de restitución, las juntas de reparación comunitaria o comisiones de la verdad.
"Hay una serie de instrumentos todos distintos a los que son la imposición de la pena pura y dura privativa de libertad que puede servir a estos fines. No representa una privatización de la Justicia penal, sino que propone una intervención más activa de la víctima y del infractor para que la reparación, la reparación del daño y la responsabilidad por el daño y el perdón sean más relevantes", ha apuntado.
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
A su juicio, tampoco hay que considerarlo "un modelo excluyente del sistema de justicia retributiva". En esta línea, ha explicado que "las medidas de justicia restaurativa deben ser, son y lo serán en el futuro complementaria" para determinados casos, "por ejemplo, para delitos graves y para penas graves" porque, en estos casos, no se puede prescindir "del componente del castigo". "Ésta es una manera también de garantizar la paz social como un bien general", ha apuntado.
Asimismo, cree que hay unas categorías de delitos que "son manifiestamente incompatibles con la experiencia de la Justicia restaurativa", como los cometidos contra la libertad sexual o contra la mujer, en los que "el diálogo y el encuentro con el victimario es realmente perjudicial para la víctima".
Por eso, ha recordado que el artículo 15 del Estatuto de la Víctima del Delito "se prohíbe expresamente o se introduce esa cláusula en la que se considera que no se debe aplicar cuando ese encuentro pueda ser perjudicial para ello".
TERRORISMO
Javier Zaragoza se ha referido a las experiencias que se han desarrollado en los casos del terrorismo de ETA, que "son muy escasas" y desconoce si "con resultados satisfactorios". "El tema es un poco singular porque los victimarios tampoco han querido entrar en esa mecánica de la justicia restaurativa de responsabilizarse de los hechos, salvo en casos muy concretos y de personas muy desvinculadas ya de la banda terrorista", ha recordado.
El Fiscal de Sala del TS ha señalado que tampoco las víctimas han querido aceptar estos mecanismos "y, sobre todo, porque hay un factor que navega por este mundo del terrorismo de la aplicación de medidas de Justicia restaurativa es que hay una parte importante todavía de atentados y hechos delictivos en los que no se han esclarecido quiénes son los autores y los partícipes". "Y éste es un dato que no podemos olvidar en ningún caso", ha indicado.
No obstante, cree que la Justicia restaurativa "puede ser un modelo alternativo y lo será" en el caso de delitos menos graves, leves, en los que tendrá "efectos más positivos que negativos", ya que agiliza las resoluciones y tiene un efecto reparador para la víctima desde el punto de vista moral y emocional, y un efecto rehabilitador para el infractor".
No obstante, cree que, para aplicarla, "el marco jurídico es insuficiente". Por ello, cree que la previsión legal de la mediación en el Código Penal y de las soluciones extraprocesales exigen un mayor desarrollo de estas medidas", así como "un desarrollo reglamentario que permita emplear estas vías, siempre respetando los principios básicos que se formulan en el Estatuto de la Víctima, a imagen y semejanza de lo que ha sucedido con la legislación de menores".
Además, ha reivindicado una "más relevante" función del ministerio público en el diseño, puesta en marcha, la aplicación y desarrollo de estos instrumentos de Justicia restaurativa porque el fiscal es "el defensor de las víctimas por antonomasia".
Para ello, también cree que debe optarse, "de una vez por todas", por un modelo de proceso penal diferente en el que la Fiscalía tenga la dirección de la investigación criminal. Además, ha considerado que las oficinas de asistencia a las víctimas deberían depender del ministerio público.
Zaragoza ha reclamado una red territorial de fiscales especializados en la mediación y en la aplicación de mecanismos de Justicia restaurativa. Asimismo, ha sugerido que debería crearse en el Tribunal Supremo un Fiscal de Sala especializado que dirija la red de fiscales encargados de la aplicación de los mecanismos de Justicia restaurativa.