La denuncia inicial, por decidir no colocar bolardos en Las Ramblas de Barcelona, se presentó tras conocerse por diversos medios de comunicación que el Ministerio de Interior alertaba del riesgo de atentado mediante el sistema del atropellamiento masivo en lugares de especial concurrencia de público.
Igualmente, la denuncia inicial se hacía eco de la existencia de un informe de los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), que también conocerían los denunciados, que alertaba del inminente riesgo de atentado en Las Ramblas de Barcelona.
Por este motivo, VOX consideraba en la denuncia inicial que el Consejero de Interior de la Generalidad y los dos directores de la Policía Autonómica de Cataluña habían cometido un "evidente y demostrado abandono de las funciones en materia de seguridad en su vertiente de prevención del delito que tenían y tienen encomendadas hacia los ciudadanos de Barcelona", incurriendo en posibles responsabilidades por la vía de la imprudencia culposa en su conducta política, profesional y policial.
Los delitos que justifican la denuncia fueron delitos de "abandono de un servicio público" (artículo 409 del código penal) y los de "desobediencia y denegación de auxilio" (artículos 410.1 y 412, apartados 1 y 2, del código penal).
Ahora, con esta ampliación, se eleva el nivel de gravedad de los hechos hasta calificar el comportamiento como "doloso, integrándose de lleno en el delito de prevaricación por omisión del artículo 404 del Código Penal por su gestión realizada tras la explosión de Alcanar al impedir a agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional el acceso y el examen a la vivienda que explotó donde se encontraron cien bombonas de butano y varias de acetileno --que luego se ha conocido que habían sido hurtadas a los vecinos de la urbanización--, y los testimonios del vecindario daban cuenta de que la casa estaba 'okupada' por un gran número de musulmanes".
Con esta ampliación, VOX denuncia que "el nivel de incompetencia demostrada por el Consejero de Interior de la Generalidad de Cataluña y por los Directores de la Policía Autonómica en el período anterior a la comisión de los atentados por los terroristas islámicos y que ha favorecido las terribles consecuencias por todos conocidas, merece el correspondiente reproche penal o, al menos, la realización de las investigaciones penales oportunas encaminadas a revisar la conducta de los denunciados".