El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado este martes siete registros, entre ellos el despacho del recién dimitido viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Ruiz, en el marco de la trama Púnica y en concreto de la pieza en la que se investigan presuntas irregularidades detectadas en la gestión del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y sus colaboradores con las empresas públicas Arpegio y Fundación Arpegio 2.
Según informan fuentes jurídicas, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han practicado siete registros, algunos de ellos en despachos de abogados. En lo que respecta al
exviceconsejero del gobierno regional, el magistrado instructor ha ordenado el registro para obtener información relacionada con su etapa en la que ejerció como consejero delegado de la sociedad pública Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio).
Según las mismas fuentes, un total de doce personas comparecerán como investigadas a partir de junio ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por su implicación en esta pieza número 13 de la trama que estalló en 2014 y cuenta con más de un centenar de personas imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas.
IRREGULARIDADES EN ARPEGIO Y PRISMA
El pasado mes de julio, el instructor del caso Púnica solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno de la Comunidad de Madrid documentación relativa a los consorcios urbanísticos desarrollados por la empresa pública de gestión de suelo Arpegio y los dos Planes del Programa Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA) que llevó a cabo la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2010 al sospechar que dichas operaciones fueron planeadas por Granados como un sistema para obtener beneficios ilícitos.
El magistrado actuó a requerimiento de la Fiscalía, que fundó su petición en las declaraciones en las que el exsocio de Granados David Marjaliza, reveló el pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prisma de la Comunidad de Madrid sobre los que ahora se centra la investigación.
Los citados planes, dotados con 1.000 millones de euros según el el juez Velasco, "se llevaron a cabo bajo la espera de dominio de Francisco Granados como presidente de las Mesas de Contratación, en persona o por delegación". Su dominio sobre las decisiones de adjudicación, según Velasco "era absoluto y fue algo buscado desde el momento inicial de redacción del convenio".
DINERO DE ARPEGIO PARA CESTAS DE NAVIDAD
El sumario de la trama también recoge un informe de la UCO del pasado año según el cual el presunto cabecilla de la Púnica y su mujer enviaron en 2006 y 2007 cestas de navidad a familiares y compañeros de trabajo por un importe de 100.000 euros y que cargaron a Arpegio durante la etapa en la que Granados ejercía como consejero de Presidencia, Justicia e Interior y presidente de Arpegio.
El informe puso de manifiesto que, aprovechando su cargo como presidente de Arpegio, Granados indicó al personal competente de la empresa pública las instrucciones oportunas para que la liquidación de las facturas de dichos regalos se hicieran con cargo a la misma, con el consiguiente perjuicio para las arcas de dicha sociedad, según el informe.