Los dos presidentes han celebrado este viernes un acto conjunto en el Palacio de Bertiz, en el norte de Navarra, donde han leído una declaración institucional en la que han destacado que el fin de ETA, "aunque llegue muy tarde, tiene carácter histórico porque permite empezar a cerrar definitivamente una etapa negra de nuestra historia".
En el documento conjunto, ambos gobiernos asumen propuestas y compromisos para "consolidar la convivencia". Así, por un lado, a corto plazo proponen una "reflexión crítica global sobre el pasado que, incluyendo explícitamente la violencia de ETA, sea compartida por primera vez por todas las fuerzas políticas".
Asimismo, han abogado por alcanzar un consenso sobre "adaptación de la política penitenciaria al nuevo contexto" con la totalidad de los partidos políticos.
A medio plazo, llaman a la "consolidación de una memoria plural y compartida", al impuso de políticas públicas de reconocimiento y reparación de "todas las víctimas del terrorismo, la violencia y las violaciones de derechos humanos"; y a la promoción de una educación y una cultura para "la convivencia y los derechos humanos de vocación preventiva ante el futuro y sus retos emergentes".
De la misma manera, ambos gobiernos se comprometen a promover un grupo de trabajo sobre política penitenciaria entre el Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central. Como punto de partida se emplaza a los presos de ETA a "desarrollar las vías legales penitenciarias sobre la base de los principios de reconocimiento del daño causado y reinserción".
En este sentido, abogan por un proceso de acercamiento de los presos a cárceles "próximas a sus lugares de residencia", a aplicar "con criterio humanitario las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico tanto para personas presas enfermas o con menores a su cargo, como septuagenarias", y a promover una "política de reinserción" con "itinerarios viables cuando el riesgo de reincidencia ha desaparecido fehacientemente y definitivamente".