A preguntas de la fiscal Ana Cuenca, que pide para él un año de cárcel y multa de 4,1 millones de euros, el exedil ha precisado que no hizo "ningún tipo de modificación" de las que se llevaron a cabo en la operativa -entre 2001 y 20009-- en sintonía con lo expuesto por el también acusado Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma, y que ha sido el primero en declarar en el procedimiento.
Dobarco ha insistido en que él no intervenía más que en la comisión informativa, las reuniones diarias y el pleno del ayuntamiento. También ha negado cualquier responsabilidad en la adjudicación del contrato de urbanismo en la Operación Pallaresa a la sociedad Proinosa --de la que es propietario Josep Singla, también acusado-- ni que se conociera los resultados del concurso público antes de que se celebrara.
"Yo no ejercí ningún tipo de presión", ha dicho en respuesta a su abogado en esta tercera sesión de vista oral que sienta en el banquillo a once acusados , entre ellos el exconseller de Economía Macià Alavedra y el exsecretario de la Presidencia Lluis Prenafeta, ambos personas de confianza del expresident Jordi Pujol.
El tribunal juzga además a ocho empresas como responsables civiles subsidiarias integradas en la trama bajo la que llevaron a cabo la operación Pallaresa en Santa Coloma de Gramenet; la operación Niesma en Sant Andreu de Llavaneres, y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona.