Según informa la asociación en una nota, el Consejo Fiscal reunido esta mañana ha exigido la inmediata paralización del plan de implantación establecido por el Ministerio de Justicia en tanto no exista un único sistema de gestión de fácil acceso, rápido y congarantía de autenticidad de las actuaciones.
Reclaman la puesta en marcha de un "auténtico" expediente digitalindexado, sin documentos escaneados sino integrados en el expediente y piden que en los lugares donde se ha iniciado la experiencia piloto se mantenga la remisión del expediente en papel coexistiendo las remisiones telemáticas con el traslado del procedimiento.
Además instan al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a que traslade al Ministerio de Justicia el acuerdo y que no continúe con esta política de "derroche económico" que cifra en decenas de millones de euros. A su juicio, el plan de Justicia digital está mal diseñado técnicamente y de espaldas a las necesidades de las Fiscalías.
APUESTA POR UN DISEÑO AVANZADO
"En estas condiciones sería una grave irresponsabilidad mantener el proyecto y continuar con su implantación a tenor del calendario del Ministerio de Justicia, y ese mantenimiento pondría en riesgo el adecuado cumplimiento de la función del Ministerio Fiscal para supeditarla a intereses políticos. Creemos que la defensa de la ley y de la sociedad está por encima de ello", reza la nota.
La UPF termina mostrando su compromiso con la implantación de una Justicia digital "pero desde un diseño avanzado, bien ejecutado y realista", que elimine el papel, no lo multiplique, y con el que la ciudadanía reciba una respuesta de la Fiscalía, eficaz, técnica, rápida, y acorde al siglo XXI.