Tanto Turull como Rull, Romeva y Bassa están procesados por los delitos de rebelión y malversación en la causa del 'procés' que instruye el magistrado Pablo Llarena, mientras que a Forcadell se le atribuye únicamente delito de rebelión, de acuerdo con el auto de procesamiento del juez que ha dado a conocer antes de celebrar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Todos los citados este viernes, a excepción de la secretaria general de ERC, han estado previamente en situación de prisión provisional. En el caso de los exconsejeros Turull, Rull, Romeva y Bassa desde el 2 de noviembre hasta el 4 de diciembre del pasado año, cuando el juez acordó su libertad provisional sujeta al pago de una fianza de 100.000 euros. Carme Forcadell, pasó una noche en la cárcel después de prestar declaración en sede judicial el 9 de noviembre y salió tras abonar una fianza de 150.000 euros.
Marta Rovira, por contra, declaró ante el juez Llarena el 19 de febrero y quedó en libertad también bajo fianza de 60.000 euros y con la única medida cautelar de comparecencias quincenales. Esta misma mañana ha comunicado por carta que no iba a acudir a la citación judicial y se marchaba al exilio, al sentir su libertad de expresión "censurada" por unos tribunales, ha dicho, que intimidan y aplican criterios políticos.
Tanto la número 'dos' de la formación independentista como Forcadell y Bassa anunciaron este jueves tras finalizar el fallido pleno de investidura de Jordi Turull, que dejaban su acta de diputadas para "plantar cara al chantaje judicial del Estado".
PROCESAMIENTOS DE LLARENA EN LA CAUSA DEL 'PROCES'
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado por los delitos de rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, al candidato Jordi Turull, a la expresidenta de Parlament Carme Forcadell, a la número 2 de ERC Marta Rovira y a otros seis exconsejeros, además de a los exresponsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y Ömnium Cultural Jordi Cuixart.
No son procesados por ningún delito el expresidente Artur Mas, la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.
En el auto de procesamiento, el juez procesa además a los otros 5 exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.
A Puigdemont, Junqueras y los siete consejeros procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.
FIANZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El juez ha fijado una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Puig, Mundó, Vila y Serret.
La cuantía se ha establecido sumando a 1,6 millones de euros, que el magistrado señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del 1-0, de acuerdo a las investigaciones practicadas, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas para asegurar responsabilidades pecuniarias.
MOTIVOS DEL PROCESAMIENTO
El juez Pablo Llarena justifica el procesamiento porque el "diseño criminal" de la hoja de ruta que culminó con la declaración unilateral de independencia (DUI) puede no haberse interrumpido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que parece estar "latente y pendiente de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas".
Así lo manifiesta el magistrado en el auto de procesamiento, en el que advierte de que la causa que investiga supone "un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país".
Para argumentar el procesamiento por rebelión, Llarena destaca que esta figura delictiva "trata de preservar los principios esenciales de una convivencia democrática, respecto de aquellos ataques que puedan lesionar de modo profundo a los elementos más estructurales de nuestra organización política".
TORRENT APLAZA A LAS 11.30 EL PLENO DE MAÑANA SÁBADO
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha comunicado este viernes a los grupos que mantiene el pleno de este sábado para realizar la segunda votación de la investidura de Jordi Turull, pero lo retrasa de las 10 a las 11.30.
Fuentes parlamentarias han explicado que Torrent ha alegado que toma esta decisión porque varios diputados le han pedido que lo retrasara.
El pleno se mantiene pese a la decisión del Tribunal Supremo de procesar al candidato Jordi Turull y otros líderes soberanistas, pero las mismas fuentes recuerdan que el presidente tiene la potestad de suspenderlo hasta el último momento antes de empezarlo.
JXCAT, ERC Y LA CUP, CONTRA LA "REPRESIÓN" DEL ESTADO
JxCat, ERC y la CUP han impulsado una declaración institucional para que el Parlament rechace la "represión" judicial del Estado y a favor de los políticos encarcelados y los que se han ido al extranjero.
Según fuentes parlamentarias, han llevado esta iniciativa a la Junta de Portavoces de este viernes y negocian la adhesión de los comuns, mientras que Cs, el PSC y el PP han rechazado la iniciativa.
El objetivo del bloque independentista es que el texto se apruebe como declaración institucional de la Junta de Portavoces, un tipo de documentos que se aprueban en nombre de todo el órgano parlamentario pero que pueden no tener el apoyo unánime de los grupos, como este caso.
LLEGADA DE TURULL AL SUPREMO
El nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, ha llegado en torno a las 10.00 horas al Tribunal Supremo junto con Josep Rull. Los dos están citados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, junto a otros cuatro investigados, en la causa que instruye contra el proceso independentista en Cataluña "a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", con el objetivo de revisar si dicta prisión provisional contra ellos. Marta Rovira ha anunciado que no acude al Supremo y que ha tomado la decisión de exiliarse.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa del 'procés' en Cataluña, da hoy un impulso decisivo al procedimiento y para ello ha citado a todas las partes personadas - la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por Vox y las defensas de 22 de los investigados (todas menos los de los seis que permanecen huidos)- para comunicarles el auto de procesamiento, que fijará que conductas delictivas se imputan concretamente a cada uno de los implicados. Así, Turull, tras fracasar en su investidura, conocerá hoy la decisión del juez del Supremo.
Entre ellos se encuentran el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el exconsejero del Interior, Joaquim Forn y los exresponsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, todos ellos en prisión preventiva.
También se conocerán los cargos concretos que pesan sobre el último candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, sobre la expresidenta Carme Forcadell, la exportavoz de ERC Marta Rovira y contra otros tres actuales diputados en el Parlament y exmiembros del Govern: Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Los seis han sido citados a las 10.30 horas por el juez para que se celebren unas vistillas en las que se revisará su actual situación procesal, que es de libertad bajo fianza.
Esta circunstancia podría variar dado que Vox se plantea pedir prisión provisional para todos ellos -es casi seguro en el caso de Turull- y la Fiscalía podría adoptar la misma posición ya que en su día pidió su ingreso si bien finalmente pudo ser eludido con fianza.
La decisión es clave, puesto que los seis citados son diputados en el Parlament y de entrar en la cárcel deberían pedir permiso a Llarena para poder acudir a las sesiones -que incluirían una eventual de investidura- o bien delegar su voto.
En este escenario, fuentes jurídicas han señalado que no todos los investigados van a ser previsiblemente procesados por los delitos más graves, que son los de rebelión o sedición, ya que dependiendo de sus diferentes responsabilidades en los hechos algunos de ellos podrían ser acusados formalmente de prevaricación o desobediencia y otros -los menos- incluso exonerados de toda responsabilidad penal.
El auto de procesamiento se dicta para poner en orden el relato de los hechos que hace el juez instructor de una causa después de la investigación, especificando en él las personas a las que acusa y de qué delitos les acusa.
No obstante, esto no quiere decir que haya terminado la instrucción, ya que el magistrado puede dictar auto de procesamiento en cualquier fase del proceso. De hecho, el pasado 1 de marzo atendió la petición de la Fiscalía al declarar compleja la causa, con lo que la investigación puede alargarse hasta los 18 meses según acordó el propio Llarena al declarar 'compleja' la causa el pasado uno de marzo.
POSIBLE REACTIVACIÓN DE EUROÓRDENES
Los que parece que también podrían ser procesados mañana por rebelión o sedición y por malversación de fondos públicos -a no ser que este último delito, para el que se ha abierto una pieza secreta, se dirima más adelante- son los cuatro investigados actualmente en prisión y los seis citados para revisar su situación procesal, a los que podrían sumarse el propio presidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bélgica, que son Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.
No se descarta que, de ser procesados, Llarena pueda además reactivar las euroórdenes que pesaban contra ellos al inicio del procedimiento judicial por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que fue la que comenzó a tramitar la querella presentada en su día por la Fiscalía.
POSIBLE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES
Por otro lado, y de ser procesados, comenzarían a cumplirse los requisitos exigidos por el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder suspenderles de funciones y evitar así que puedan seguir ejerciendo cargos públicos. Para que se pudiera aplicar este artículo también se exige que el auto sea firme -lo que puede confirmar la Sala de apelaciones del Tribunal Supremo en los próximos días-, y que se haya decretado orden de prisión, lo que mañana podría estar también solventado.
Los seis investigados citados el viernes ya han comparecido ante Llarena a lo largo de la instrucción. En el caso de Turull, Rull, Romeva y Bassa, los cuatro estuvieron el pasado otoño un mes en prisión provisional, dictada primero por la Audiencia Nacional. Fueron puestos en libertad por Llarena cuando la causa pasó al Supremo bajo fianzas de 100.000 euros.
Por su parte, Carme Forcadell pasó una noche en la cárcel, ya que el juez decretó prisión eludible con fianza de 150.000 euros la noche del 9 de noviembre de 2017 y la expresidenta del Parlament hizo efectivo el pago de la fianza a la mañana siguiente. En cuanto a Rovira, compareció en el alto tribunal el pasado 19 de febrero y Llarena ordenó libertad bajo fianza de 60.000 euros.
Además de los ya citados, el resto de investigados en este procedimiento son Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación y que estuvo prisión provisional desde el 2 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2017; Josep Rull: exconsejero de Territorio y Sostenibilidad y en prisión en el mismo periodo al igual que estuvo el exconsejero de Justicia Carles Mundó, aunque este último este enero renunció al acta de diputado y abandonó la política.
También está citada la defensa de Santiago Vila, exconsejero de Empresa y Conocimiento que dimitió de su cargo horas antes de que Puigdemont decidiera no convocar elecciones y sólo estuvo un día en prisión y los abogados de los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y de Joan Josep Nuet.
Completan la lista de investigados el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exportavoz de la CUP huída en Suiza Anna Gabriel, la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal, la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP en el Parlament Mireia Boya y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.
LA FISCALÍA INVESTIGA A TURULL POR TRASPASAR PATRIMONIO ESTANDO INVESTIGADO
La Fiscalía Superior de Catalunya ha ordenado incoar diligencias de investigación al candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Jordi Turull, por presuntamente poner "parte importante" de su patrimonio a nombre de su esposa estando investigado por el referéndum del 1-O.
Según el escrito del fiscal, Turull puede haber cometido un delito de alzamiento de bienes del que también puede ser responsable su mujer.
La Fiscalía contra la Corrupción constató que ambos formalizaron un negocio jurídico el 8 de junio de 2017, por el que él "se desprendió de una parte importante de su patrimonio" en favor de ella.
Además, el fiscal constata que Turull está investigado por el TS por otros presuntos delitos, "no resultando descartable" que deba responder económicamente si se derivan responsabilidades civiles.
"En tales circunstancias", convertir a su mujer en titular de bienes de él puede ser delictivo como fija el artículo 257 del Código Penal, según el fiscal.
La Fiscalía Superior de Catalunya es competente para investigar a Turull porque ya era aforado en la pasada legislatura como diputado del Parlament y sigue siéndolo en la actual, añade.
Siendo diputado Turull, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le nombró conseller de la Presidencia y portavoz el 14 de julio.