"Tal y como ocurrió con los productores de tomate de Las Palmas hace más de un año", ha indicado Quintero, "el Supremo defiende la honorabilidad de este sector y pone fin a un litigio que para muchos productores ha sido su ruina".
Esta sentencia va en la línea de la emitida por el mismo tribunal hace poco más de un año (sentencia favorable al sector en la provincia de Las Palmas) y ratifica que el sector del toma de exportación canario no cometió fraude con las ayudas al transporte de este producto a la Unión Europea.
"Se trata de un hecho de gravedad que fue determinante en la grave crisis que ha padecido este sector en los últimos años, pues obligó al sector a devolver unas ayudas, más intereses, por importe de más de 20 millones de euros", ha explicado el consejero, "que ahora se demuestra fue basado en una decisión errónea del Gobierno del Estado".
Esta devolución, hoy declarada ilegal por el Supremo, se sumó a la entrada de forma masiva de tomate procedente de Marruecos, puesto en el mercado con un precio de producción mucho menor, y a la propia situación de crisis generalizada, "lo que perjudicó de forma notable al sector".
Narvay Quintero ha recordado que en la actualidad "estamos trabajando con el sector una estrategia hasta 2020, que si logramos entre todos aprobar entraría en vigor el próximo uno de enero y supondría un aumento significativo de las ayudas por hectárea vinculado a un impulso decidido a la modernización del sector, para lograr aumentar su competividad en el mercado exterior".