El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, y los representantes de Iberdrola Manuel Martín y Federico de la Hoz han suscrito este proyecto que se prevé que dure entre 10 y 12 meses.
Para hacer realidad el proyecto, Justicia y el Tribunal Supremo facilitarán las autorizaciones y licencias necesarias para la implantación de las luces, mientras que la Fundación Iberdrola España asumirá los costes derivados del suministro y la instalación lumínica, así como de la ejecución de las obras.
Además, según ha informado el departamento dirigido por Catalá en un comunicado, será el propio Ministerio quien después se hará cargo del mantenimiento, la conservación y los gastos derivados del consumo de energía de la instalación, ya que el inmueble afectado depende de éste.
La instalación se basa en tecnologías que garantizan la eficacia energética, aseguran el bajo consumo y evitan la contaminación lumínica. Asimismo, se ha tenido en cuenta el interés cultural, la localización, las características históricas y arquitectónicas de la sede del alto tribunal, ya que pertenece a la iglesia parroquial de Santa Bárbara, declarado monumento histórico-artístico.