Según ha informado este miércoles el órgano fiscalizador, tras detectar indicios de presuntas responsabilidades contables, durante el pasado ejercicio la Sección de Enjuiciamiento de la Institución tramitó un total de 326 actuaciones previas a la exigencia de responsabilidad contable, 408 diligencias preliminares y 10 acciones públicas.
Al final se acaban levantando unas actas de liquidación para tratar de recuperar fondos públicos, que son esos 6,6 millones de euros, de los que 5,8 millones correspondieron al importe principal y los otros 747.728 euros a intereses legales.
LA OTRA FUNCIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Y es que, además de fiscalización de cuentas públicas, el Tribunal de Cuentas ejerce una función de Enjuiciamiento contable de naturaleza jurisdiccional, actividad con la que la institución tiene la potestad de poder exigir responsabilidad económica a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos, cuando de su labor se hayan podido derivar daños sobre este patrimonio público.
Esta función, que es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, también es ejercida por este órgano sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público. Por otra parte, esta actividad de enjuiciamiento contable es compatible con la que, sobre estos mismos hechos, pueda llevar a cabo la jurisdicción penal.
Tras la detección de indicios de presuntas responsabilidades contables, durante 2016 la Sección de Enjuiciamiento de la Institución tramitó un total de 408 diligencias preliminares, de las que 127 procedían de Informes de Fiscalización tramitados por el Tribunal de Cuentas, 185 de Informes de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas y 96 promovidas por otras Instituciones públicas o denuncias de origen diverso.
En cuanto a las 326 actuaciones previas tramitadas, desglosadas por sectores y ámbito territorial cabe señalar que: 78 de los procedimientos han correspondido al sector público estatal, con inclusión de la Seguridad Social; 89 al sector público autonómico y 159 al sector público local. Los procedimientos de reintegro por alcance abiertos, tras concluir las actuaciones previas fueron un total de 402.
SENTENCIAS POR USO INDEBIDO DE FONDOS PÚBLICOS
La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, por su parte, tramitó un total de 51 recursos -incluyendo los de apelación y otros varios- y ratificó 19 sentencias dictadas en primera instancia. Entre las más relevantes, cabe destacar las relativas al uso indebido de fondos públicos en materia de subvenciones, en distintos ámbitos del sector público -Administración del Estado, Entidades Locales, Seguridad Social-, al manejo irregular de los fondos públicos y a publicidad indebida.
En materia de subvenciones, se encuentra la sentencia ratificada con fecha de 21 de septiembre, que condenaba a un consejero de la Comunidad Valenciana por un importe cercano a los 1,7 millones de euros, y en referencia a las restantes materias, destacan las referidas a un ayuntamiento de Cádiz, que había condenado a dos cajeros como responsables contables por un importe de 7,7 millones de euros como consecuencia del manejo irregular de los fondos públicos y otra que condenaba por el uso de publicidad indebida que ocasionó un daño a los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía por importe de más de 182.000 euros.