El presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Felipe García Ortiz, ha rechazado este viernes las "graves descalificaciones" vertidas contra este órgano por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, quien tildó de "indecente" la decisión del fiscalizador de abrir un procedimiento para la recuperación de los fondos públicos "presuntamente perjudicados" con motivo de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
En un comunicado, García Ortiz llama la atención sobre "la gravedad de las descalificaciones" realizadas por quien es "la máxima autoridad de una comunidad autónoma" y "la más alta representación del Estado" en Cataluña, contra una institución que "se limita a cumplir con el mandato constitucional y a aplicar la legislación vigente".
Tras subrayar que no es "admisible" ninguna "mediatización en el ejercicio de su función jurisdiccional", García Ortiz, replica a Puigdemont que el Tribunal de Cuentas es el órgano competente para instruir y resolver a través de un procedimiento jurisdiccional "los daños ocasionados a los fondos públicos".
Además, le recuerda que el tribunal no actúa de oficio, sino a instancia de parte "legitimada en todos los casos". En este caso lo ha hecho admitiendo una denuncia de Sociedad Civil Catalana y de la Asociación de Abogados catalanes, apoyada por el Ministerio Fiscal que llevó a personarse a la Abogacía del Estado.
PUEDE HABER MEDIDAS PROVISIONALES
"El procedimiento sigue su curso habitual y trámite como todos los demás asuntos que ingresan en el Tribunal por daños a los fondos públicos", remarca el presidente de la Sección de Enjuciamiento, quien recuerda a la Generalitat que el instructor que se nombre próximamente para continuar las diligencias podrá "tomar medidas provisionales" y que posteriormente, el asunto volverá al departamento correspondiente ya como procedimiento jurisdiccional.
"Por tanto, el Tribunal actúa de acuerdo con su competencia y mediante el procedimiento establecido", subraya el comunicado, donde también se puntualiza que "hasta este momento no se ha adoptado medida alguna que pueda afectar a los denunciados", el expresidente de la Generalitat Artur Mas y sus exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega.
En este sentido, recalca que será el delegado instructor quien, a la vista de sus averiguaciones y de la documentación existente, podrá "declarar o no alguna providencia que pudiera incidir en los presuntos responsables".