Según ha informado el órgano fiscalizador que preside Ramón Álvarez de Miranda, se trata de la segunda reunión semestral de la Comisión de Coordinación de la Institución y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEx) y de la Comisión de la Plataforma de Rendición de Cuentas, presididas ambas por la Consejera de Entidades Locales del Tribunal, María José de la Fuente.
En la Comisión de Coordinación se ha intercambiado información sobre posibles áreas de fiscalización que podrían abordarse en los respectivos programas para 2017, identificándose las de valor compartido con el objetivo de evitar duplicidades o lagunas y de fortalecer las actuaciones conjuntas.
En concreto, se ha puesto especial atención al punto relativo al estado de situación de la rendición de las cuentas generales y de la remisión de información contractual por las entidades locales de 2015, y a los resultados del desarrollo de los planes de actuaciones llevados a cabo por el Tribunal de Cuentas y los OCEx para promoverlas, habida cuenta de que constituyen una obligación legal esencial para la ejecución de la fiscalización.
También se han analizado cuestiones encaminadas al establecimiento de mecanismos para el impulso de acciones coordinadas, entre las que destaca la fiscalización de los acuerdos y resoluciones "contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, que el Tribunal de Cuentas y los OCEx llevan a cabo en colaboración.
MÁS TRANSPARENCIA
Por su parte, en la reunión de la Plataforma de Rendición de Cuentas se han presentado diversas propuestas para adaptar en la mayor medida posible la operativa de esta herramienta informática y de sus utilidades a los desarrollos de sus aplicaciones y a los nuevos requerimientos establecidos por la normativa.
Esta plataforma, que se puso en marcha en 2007 y cuyo uso comparten el Tribunal de Cuentas y la mayor parte de los OCEx, contribuye de manera significativa a la simplificación de la rendición de las cuentas y de la remisión de la información y documentación a las instituciones fiscalizadoras que están obligadas las entidades locales, a la mejora de la calidad de la información remitida y a favorecer la transparencia en la gestión.
Según el Tribunal de Cuentas, estas actuaciones, que promueven la coordinación y la colaboración entre las Instituciones fiscalizadoras, "potencian el enriquecimiento recíproco para el desarrollo de sus respectivas competencias y favorecen la maximización de los resultados del control a nivel global".