El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto de estatutos que regirá la composición, funcionamiento y tareas que desempeñará la "Comisión de Derecho Civil Vasco", un órgano consultivo colegiado formado por una treintena de expertos, que se encargará de investigar, evaluar y asesorar en el campo del Derecho civil vasco, tanto al Parlamento como al Gobierno.
En un comunicado, el Ejecutivo ha informado de que este órgano consultivo y colegiado que nace de la Disposición Adicional Primera de la Ley 5/2015, de Derecho Civil Vasco, aprobada por unanimidad del Parlamento el 25 de junio del año pasado.
La "Comisión de derecho civil vasco" tiene sede en la ciudad de Vitoria y en estos momentos depende orgánicamente del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco.
Estará abierta a la participación de la sociedad y permanecerá en comunicación constante con institutos y centros de estudio, información e investigación del derecho.
Además, fomentará y facilitará el intercambio constante de experiencias y el uso de buenas prácticas y promoverá colaboraciones con otros órganos consultivos y comisiones codificadoras tanto estatales como internacionales especializadas. Por otra parte, trabajará con las comisiones promotoras de Iniciativas Legislativas Populares relacionadas con el derecho civil vasco.
FUNCIONES
Su objetivo es investigar, evaluar e impulsar el desarrollo del derecho civil vasco, informar sobre la necesidad de reformas legislativas, realizar propuestas, modificaciones e innovaciones, asesorar en la materia tanto al Parlamento como al Gobierno, fomentar el debate y la discusión profesional, entre otros.
En concreto, los estatutos definen funciones englobadas en 5 áreas de trabajo como son el asesoramiento en materia de derecho civil vasco tanto al Gobierno como al Parlamento; y el estudio e investigación del derecho vigente y más específicamente el derecho civil, foral y especial, escrito o consuetudinario, propio de los Territorios Históricos que integran la Comunidad Autónoma de Euskadi.
También abordará la vigilancia y evaluación del marco normativo estatal y europeo. Así, funcionará como un órgano de alerta temprana ante los cambios y repercusiones que puedan producirse a raíz de la normativa estatal o europea.
Trabajará en la promoción de la corrección técnica, claridad en el lenguaje jurídico, unificación de estilos, respeto al lenguaje inclusivo jurídico, entre otros; y en la garantía de los principios de buena regulación, buenas prácticas y buena gobernanza en la producción normativa.
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La "Comisión de derecho civil vasco" contará con tres órganos de funcionamiento. La Presidencia estará ocupada por la persona titular del departamento competente en materia de derecho civil vasco. En esta X Legislatura, el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka.
Además de representar y dirigir la comisión, será quien presida el pleno, quien nombre a las personas vocales, quien dirima los empates, quien convoque las reuniones, quien apruebe el plan de actuación anual de la comisión y sus actividades anuales previa deliberación del pleno. También se encargará de informar al Parlamento del trabajo de este nuevo órgano.
El Pleno será el órgano de debate y reflexión de todas las propuestas y será el foro en el que se impulsarán los proyectos, reformas y estudios que sean necesarios para actualizar, investigar, desarrollar, divulgar y difundir el derecho civil vasco. Se reunirá de forma ordinaria, como mínimo, una vez al año. Además de la presidencia, estará compuesto por una treintena de personas expertas y designadas.
Todas las personas que ocupen estos puestos, cesarán en el momento que cesen de los cargos que ocupan y no recibirán prestación económica alguna por el ejercicio del mismo.
La nueva comisión, además, promoverá el uso del euskera como lengua de expresión del Derecho Civil Vasco. Apoyará el estudio, la promoción y la difusión de la terminología jurídica, un trabajo que se llevará a cabo en colaboración con Euskaltzaindia, el Parlamento Vasco, el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y diferentes agentes sociales expertos en el uso del euskera jurídico.