La ley de transitoriedad jurídica prevé amnistiar a todos los "investigados o condenados por procedimientos relativos a la independencia o la construcción de la república" --incluidos, por tanto, el expresidente Artur Mas y los exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs--.
Así se recoge en el texto de la ley que este mismo lunes han presentado y registrado JxSí y la CUP en el Parlamento catalán, y los grupos han avisado de que "en ningún caso se amnistiarán casos de corrupción; solo los relacionado con el proceso".
La ley desgrana muchos detalles de la estructura judicial prevista para Cataluña, donde no habría Audiencia Nacional; el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se reconvertiría en el Tribunal Supremo Catalán, y el fiscal general de la república sería nombrado por el Parlament y no por el Govern, "garantizando plena independencia".
La norma, que solo entraría en vigor si ganara el 'sí' en el referéndum, también prevé descartar la Sala 5 de jurisdicción militar, si bien se mantendrían las otras cuatro salas: civil, penal, contenciosa administrativa y social.
La estructura de empleados "tendrá continuidad, seguirán con su plaza y tendrán las mismas retribuciones que hasta ahora", pero adaptándose a la nueva organización.
El nuevo Tribunal Supremo tendría también una Sala de Gobierno --que sería el Consejo General del Poder Judicial catalán y estaría formada solo por jueces--, y se crearía una Comisión Mixta para "garantizar todos los medios materiales y las funciones".
Nacionalidad catalana compatible con la española
El artículo 7 de la ley expone que podrán obtener la nacionalidad catalana aquellas personas de nacionalidad española que lleven dos años empadronados en Cataluña a fecha 31 de diciembre de 2016.
Lo ha explicado el líder de JxSí en el Parlament, Lluís Corominas, junto a los diputados Jordi Orobitg (JxSí), Benet Salellas y Gabriela Serra (CUP) que han acordado que la ley de transitoriedad jurídica se apruebe antes del referéndum 1-O. La norma entraría en vigor si gana el 'sí' a la independencia, mientras que quedaría suspendida si gana el 'no'.
Corominas ha criticado a los que han intentado que el pacto entre las fuerzas independentistas "encallase" y ha destacado que este lunes pueden anunciar el acuerdo en el contenido de la norma y en el periodo de su aprobación.
Un proceso que duraría un año
La ley de transitoriedad prevé que Cataluña funcione como una república "al 100%" antes del 1 de octubre de 2018. La norma señala los pasos jurídicos si gana el 'sí' a la independencia: se abriría un plazo de seis meses para que los partidos y el Gobierno catalán preparen unas elecciones constituyentes y sienten las bases de este proceso.
Pasados estos seis meses, el presidente catalán, Carles Puigdemont, disolvería el Parlamento catalán y convocaría unas elecciones constituyentes: los parlamentarios surgidos de estas elecciones conformarían una Asamblea Constituyente para redactar una constitución catalana.
JxSí y la CUP prevén que este proceso dure otros seis meses y culmine en un referéndum sobre una constitución que --si gana el 'sí'-- iría seguido de las primeras elecciones de la república catalana.
Sin "sensatez" en la Generalitat
El Gobierno considera que no queda "ni un mínimo resto de sensatez" en la Generalitat de Cataluña y advierte de que la ley de transitoriedad q"nunca entrará en vigor" porque el Ejecutivo va a "hacer cumplir las leyes" y dará "respuesta a todos los intentos de los independentistas de vulnerar" el orden constitucional.
Así han reaccionado fuentes del Ejecutivo al conocer la presentación de la llamada 'ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república'. En este sentido, las citadas fuentes han considerado que hoy se produce una "paradoja" y es que mientras en París se reúnen cuatro de las principales democracias de Europa para "trabajar juntos contra el terrorismo y a favor de la libertad", los independentistas "han aprovechado para presentar una iniciativa ilegal para tratar de desconectar a los catalanes de España y de Europa".