Torrent ha enviado además un escrito al Tribunal Supremo en que le adjunta la resolución del Comité de Derecho de Humanos de Naciones Unidas que instaba al Estado, como medidas cautelares, a "tomar todas las medidas necesarias" para garantizar los derechos políticos de Sànchez.
En el escrito afirma que la resolución del Comité, dictada el 23 de marzo, es de obligado cumplimiento para "todos los poderes del Estado" y exige que se habiliten los mecanismo necesarios para que Sànchez se pueda someter al debate de investidura.