Se les debe devolver dicha cantidad a cada uno y además indemnizarles conjuntamente con otros 9.000 euros al considerarse vulnerado su derecho a la libertad de expresión.
La condena se ha adoptado de forma unánime al entender el tribunal que la quema de las fotos no puede considerarse una manifestación del discurso del odio, mientras que la condena penal se estima desproporcionada a los hechos cometidos.