Los programas financiados por este plan de subvenciones estatales son actuaciones de atención a personas de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social, y la Generalitat entiende que son ámbitos de su "exclusiva" competencia.
En la resolución que ha dado a conocer este lunes, el tribunal de garantías acuerda dar traslado de la demanda al Gobierno, que dispone desde ahora de un plazo de veinte días para aportar cuantos documentos y alegaciones considere convenientes.
AVISO A LA AUDIENCIA NACIONAL
Asimismo, acuerda comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por si ante la misma estuviera impugnado, o se impugnara en el futuro, la Resolución.
En ese caso, el proceso contencioso-administrativo quedaría en suspenso hasta la resolución del conflicto de competencia por el Tribunal Constitucional, ha explicado el TC en una nota que añade que la admisión a trámite de este asunto no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.
En su recurso, la Generalitat reclama que el Gobierno central, en lugar de convocar estas subvenciones, debería transferir a Cataluña la cantidad global de la convocatoria de subvenciones para programas de atención social a cargo de la asignación tributaria del IRPF.
El gobierno catalán sostiene que el Tribunal Constitucional (TC) ha emitido varias sentencias en las que considera que el Estado debe "territorializar" la dotación presupuestaria para financiar este tipo de subvenciones, y transferir a Cataluña la cantidad correspondiente.