Según informa el TC en un comunicado, la suspensión de la vigencia y aplicación de las normas impugnadas "es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución", que establece que "el Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas" y determina que "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
En este sentido, el TC subraya que "la admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en próximas fechas".
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