Es decir, si los tres condenados en esta pieza separada del caso Mercurio no cometen ningún delito durante estos cinco años, no entrarían en prisión al cumplir con los requisitos que marca la Ley, ha informado este viernes el TSJC.
Además, la resolución de la Sala Civil y Penal del TSJC establece una posibilidad para reducir a dos años este tiempo de suspensión: si presentan un plan de formación en relación con los buenos fines que debe guiar la actuaciones de la administración pública y los principios que deben guiar el acceso de los ciudadanos a los cargos y empleos públicos.
Si lo presentan, este plan de formación lo tendría que aprobar el tribunal y debe cursarse en un centro de referencia (Universidad o Escuela de Administración pública de Catalunya), según el TSJC.
Respecto a la multa de 60.000 euros impuesta, el tribunal ha acordado el fraccionamiento de su pago en 22 cuotas (de 2.727 euros cada una), que quedaría liquidada en abril de 2018; también se les condenó a una pena de inhabilitación, algo que ya están cumpliendo.