En declaraciones a Europa Press, el sindicato policial ha criticado que la decisión del Gobierno se debe a una "falta de previsión" y a un trabajo "mal hecho" por parte de la Adminstración cuando contrata "este tipo de servicio" que, según ha apuntado, "en origen es público". "Nosotros creemos en la seguridad pública y no quedan otras narices", ha añadido.
A su juicio, este servicio no es "una cafetería" y, en este sentido, el Gobierno tiene que introducir clausulas de control en los contratos "que garanticen los derechos de los trabajadores" en un servicio "que es de origen público".
"El origen del problema es la privatizacion de los servicios sin el control necesario sobre los contratos y sobre el servicio", ha añadido Cosío.
Con todo, ha explicado que cubrir este tipo de servicio por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado perjudica al cuerpo ya que "están sin personal en todos los sitios". De este modo, ha pedido al Gobierno "asumir responsabilidades" y ha reiterado que se respeten los derechos de los trabajadores cuando se contratan estos servicios.