El juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha tomado declaración al director de la clínica Santa Cristina de Madrid y al jefe de Neonatología, José Zamarriego e Ignacio Villa, respectivamente, en el caso de bebés robados en el que está imputada Sor María. También ha declarado Carmen Muñoz, funcionaria del Registro Civil. Villa y Muñoz han negado tener responsabilidad alguna en el caso de los bebés robados aduciendo que, en esa época no desempeñaban las funciones laborales que se les atribuyen, mientras que Carretero ha limitado su gestión en estos asuntos a la firma de los mismos sin entrar en los procesos de adopción. A la salida del juzgado se han vivido momentos de tensión con los medios y con las víctimas y familias afectadas. A lo largo de esta semana el juez tomará declaración como testigos a una veintena de trabajadores del centro sanitario.
Dos médicos de esta clínica y la funcionaria del registro civil han desfilado ante el magistrado para aportar datos sobre uno de los casos que implica a Sor María. En su declaración, han defendido su "inocencia" y "desconocimiento", señalando que las investigaciones deben dirigirse contra las personas que llevaban a cabo los trámites de adopción, según ha indicado el abogado de 'SOS Bebés Robados', Guillermo Peña, tras concluir la declaración.
Las diligencias se enmarcan en el procedimiento judicial que dirige Carretero contra sor María por el presunto robo de una niña en la Clínica Santa Cristina el 31 de marzo de 1982. Se trata de uno de los primeros casos de niños robados en los que madre, María Luisa Torres, e hija, Pilar Alcalde, se reencontraron casi 30 años después.
"Confiaba en sus subordinados"
El abogado de la acusación ha indicado que, durante la declaración, Zamarriego ha explicado que "de lo único de lo que él se encargaba era de firmar los trámites de adopción" y que "no comprobaba hecho por hecho" porque "confiaba en sus subordinados".
Además, Peña ha explicado que el encargado de Neonatología, Ignacio Villa, ha negado que ostentara este cargo en el momento en el que se produjo la denuncia, en 1982, aportando unos documentos que acreditaban que ocupaba un puesto como catedrático en Navarra, un puesto "incompatible" con el de jefe de Neanotología.
En este sentido, el abogado ha indicado que, al parecer, ha habido un "error en la documentación" porque "Villa afirma que dejó de ser jefe de esta especialidad en 1977" pero que "no se cambió y por ello él aparece como tal en el papel timbrado de la documentación".
A su salida, miembros de 'SOS Bebés Robados', que se han concentrado frente al juzgado para "poner cara" a algunos de los presuntos colaboradores de Sor María, han increpado a Villa. Una "niña robada", Paloma Pérez Calleja, ha asegurado que Villa ha amenazado a las integrantes de la asociación y a dicho a una madre que "le iba a pegar una torta".
Por su parte, el director de la clínica, José Zamarriego, se ha enzarzado en una discusión con los medios, a los que al igual que el jefe de neonatología, Ignacio Villa, se ha negado a decir qué le ha contado al juez.
Otra testigo
La funcionaria del registro civil que firmaba el registro de nacimiento del bebé, Carmén Muñoz, a la salida de los Juzgados también ha defendido su inocencia, resaltando que "ella no estaba en la época" en la que Pilar Alcalde fue "robada" de su madre, María Luisa Torres. Muñoz ha resaltado que "lo único que ella hizo fue expedir la partida de nacimiento" en un juzgado municipal y no en la clínica, con la que ha asegurado que "no tiene nada que ver".
Por último, el abogado ha resaltado que los jefes médicos delegaban las adopciones "en otras personas" a las que habrá que seguir investigando porque "queda mucho por aclarar". Después de que Villa haya negado que fuese el encargado de Neonatología, "una de las cosas que hay que investigar es quién lo era", ha resaltado.
Este jueves acudirán a declarar la asistente social de la Asociación Española para la Adopción, María Isabel V.P y Belén L.G. El jurista José María Castán Vázquez, según el abogado, ha excusado su visita.
El próximo jueves pasarán otros empleados de la clínica por los juzgados. Se trata de María Isabel V.P.; Belén L.G.; y el jurista José María Castán Vázquez.
Estas citaciones tuvieron lugar después de que el magistrado hubiera recibido los datos solicitados a la Policía Judicial para localizar a los médicos que trabajaron con la religiosa en el citado centro sanitario.
Asimismo, solicitó entonces al Hospital Santa Cristina datos sobre las personas que asistieron a Maria Luisa Torres en el parto el 31 de marzo de 1982.