Consideran que en la causa contra ellos "no ha habido garantías procesales" y que se les ha investigado injustamente, y por eso quieren llevar su caso a los tribunales internacionales en los próximos días.
El órgano ha estado ejerciendo como junta electoral del referéndum desde que el 6 de septiembre lo nombró el Parlament hasta este viernes, día en que el Govern ha pedido que se disuelva.
El Govern considera que el ente ya ha cumplido con sus trabajos, entre los que figuran el nombramiento de las sindicaturas territoriales y la acreditación de una decena de observadores internacionales: precisamente el Govern les ha pedido que cedan sus funciones a "entes públicos, académicos y observadores internacionales" hasta el día de la votación.
La disolución de la Sindicatura Electoral de Cataluña se produce un día después de que el TC fijara multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros y de 6.000 para cada síndico territorial si no desisten de organizar el 1-O.
La finalidad de estas multas no es sancionar, sino obligar a que se cumpla la resolución del TC, por lo que sólo se empiezan a imponer si se persiste en el incumplimiento a partir del día siguiente de que el BOE publique la resolución --se ha publicado este mismo viernes--.
La resolución les exige revocar todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, comunicar esa revocación a sus destinatarios y que los síndicos renuncien a sus cargos.
La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge; y además hay síndicos territoriales.
Además, las citadas fuentes han asegurado que es "completamente incomprensible que se haya incluido también en las multas y los requerimientos a los suplentes" de las sindicaturas, pues nunca han llegado a ejercer.