Las empresas fraudulentas eran utilizadas para simular negocios jurídicos y falsas contrataciones de trabajadores. A cambio de dinero, las mercantiles investigadas daban de alta en la Seguridad Social. Los supuestos empleados acumulaban los periodos mínimos de carencia exigidos para acceder a las prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social. A través de estos contratos falsos, accedían a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.
Las investigaciones –aún abiertas- han sido desarrolladas por agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia.