Como ha podido constatar Europa Press, los secretarios judiciales han entregado la resolución que declaraba "la nulidad" de la resolución del Parlament por la que se ratificaba el informe y conclusiones de esa comisión, y en la resolución se acordaba notificar personalmente el auto a la presidenta del Parlament, a los miembros de la Mesa, al secretario general de la cámara, y al presidente de la Generalitat y a los miembros del Govern.
El auto recogía la "advertencia de abstenerse de realizar cualquier actuación que tendiera a dar cumplimiento a esa resolución" y explicitaba el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material que supusiera ignorar o eludir la nulidad de la resolución.
Además, se les advertía de "eventuales responsabilidades" incluida la penal, un vía que después de que las conclusiones se debatieran y aprobaran en el Parlament, la Fiscalía está explorando contra la presidenta.
Tras la advertencia, Forcadell trasladó a los diputados la decisión de afrontar el debate y la votación en el hemiciclo, que, con mayoría de JxSí y la CUP --nicos que habían suscrito las conclusiones--, decidieron incluir el punto en el orden del día del pleno del 27 de julio y votarlo, y se aprobó.
La Fiscalía solicitó al TC que informara a los tribunales competentes de la actuación de Forcadell al considerar que su papel en la aprobación de las conclusiones podía tener "relevancia penal".