En una sentencia recogida por Europa Press, la magistrada ha estimado un recurso de Societat Civil Catalana (SCC) que denunció que la alcaldesa de la localidad no había atendido en noviembre de 2014 su requerimiento que se retirase esta enseña.
SCCC acusaba al Ayuntamiento de gastarse más 6.000 euros en colocar una bandera no oficial, de grandes dimensiones y que representa una determinada opción política, considerando que el Consistorio estaba vulnerando así los principios de imparcialidad y neutralidad política.
Ahora, la juez ha dado la razón a la entidad basándose en que, primero la Junta Electoral y luego el Tribunal Supremo (TS), consideraron a la estelada un símbolo partidista que no puede ondear ni en edificios públicos ni tampoco en elementos que también son públicos y se han costeado con el presupuesto municipal como es el mástil de una bandera en una plaza.
"Si la estelada es un símbolo partidista, ninguna administración podrá colocarla en edificios, mobiliario urbano y espacios públicos en general", argumenta la magistrada en su resolución, que ha rechazado la justificación del Ayuntamiento de que este símbolo, según ellos, no vulnera la neutralidad de los poderes públicos.