La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado este jueves que la ley de 'desconexión' sobre un régimen jurídico catalán que han pactado JxSí y la CUP no podrá ser impugnada ni suspendida eventualmente por el Tribunal Constitucional (TC): "Entendemos que la ley de transitoriedad jurídica es inimpugnable".
En una entrevista de Europa Press, ha explicado que la ley deberá servir para permitir "transitar desde el ordenamiento jurídico español a un ordenamiento jurídico propio" de Cataluña, y esto la convierte en inalcanzable para el Alto Tribunal, a su juicio.
Así, Rovira plantea que, por un lado, las elecciones catalanas de 2015 dieron a los soberanistas un "mandato democrático" para avanzar hacia la independencia y, por el otro, esta ley da la cobertura legal necesaria para ejecutar de forma definitiva este mandato.
"Con este mandato democrático y con este nuevo marco legal, no entendemos que el Tribunal Constitucional lo pueda ni impugnar ni suspender", alega la dirigente de los republicanos, que también es la portavoz de JxSí en la Cámara catalana.
Ante una eventual impugnación de la ley por parte del Estado y de la suspensión por parte del TC, Rovira expone: "Ante futuras impugnaciones y suspensiones por parte del TC, ¿Qué alegaremos? Que tenemos un mandato democrático y legal que han decidido los ciudadanos".
Para recalcar la importancia del acuerdo entre JxSí y la CUP, ha recordado que los informes que encargó la Generalitat al Consell Assessor per a la Transición Nacional situaban esta norma como la "ley fundacional" de un hipotético Estado catalán.
"A nosotros nos parece un ejercicio democrático impecable. Bebemos de una fuente que es un mandato democrático y legal. Utilizamos todos los instrumentos democráticos que tenemos a nuestro alcance para volver a poner las urnas", resume.
PARA EL REFERÉNDUM
Rovira ha explicado que se trata de la ley que, entre otras cuestiones, permitirá convocar un referéndum de independencia en Catalunya como muy tarde en septiembre 2017 y dando "seguridad jurídica" tanto a los organizadores como a los votantes.
"Es la habilitación para que el referéndum se pueda celebrar con absolutas garantías, con absoluta cobertura jurídica y legal. Para que los funcionarios puedan hacer su trabajo cuando toque, para que los ciudadanos puedan ir a votar sin que implique ningún problema", expone.
TRAMITACIÓN
Rovira prevé que JxSí y la CUP tramiten este proyecto como proposición de ley ordinaria y contempla que la aprobación definitiva de la norma sea "el mismo día" en que se convoca el referéndum o que haya una diferencia de muy pocos días.
"Tenemos muchos escenarios estudiados, trabajados y previstos y los decidiremos en función de cómo lleguemos a la convocatoria del referéndum", concluye, asumiendo así que la aprobación de la ley será con toda probabilidad y, si no hay cambios, tras el verano.