En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Alejandro Luzón rechaza estas dos medidas cautelares, solicitadas por la acusación popular de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), argumentando que "de lo actuado hasta la fecha en este procedimiento y, desde luego, de los viajes a Suiza" protagonizados por Rato, "no cabe inferir racionalmente un riesgo de fuga como tampoco de ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba".
Luzón señala que, "dado lo avanzado del procedimiento, no se aprecia cómo podría materializarse" un supuesto plan de fuga de Rato, a lo que añade que las medidas solicitadas por UPyD no se antojan "demasiado eficaces" para "conjurar" este peligro.
Con respecto a la posibilidad de que Rato pudiera estar utilizando sus viajes para "ocultar o distraer su patrimonio", el fiscal señala que la fianza para el aseguramiento de sus responsabilidades pecuniarias en el 'caso Bankia' y en la pieza sobre las 'tarjetas black' se encuentran "satisfechas".
No obstante, Luzón señala que será el titular del Juzgado de Instrucción número 31, Antonio Serrano, que investiga el entramado societario de Rato, al que "corresponderá valorar la oportunidad de la adopción de medidas cautelares" en relación con los hechos investigados.
Informes del SEPBLAC
Anticorrupción también rechaza la petición de la formación 'magenta' de solicitar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que informe sobre la situación actual de las investigaciones que afectan a Rato, sus bienes patrimoniales, disposiciones y transferencias dinerarias realizadas.
Argumenta que la situación patrimonial de Rato no "atañe" a este procedimiento y que los informes del SEPBLAC tienen "carácter confidencial, no tienen valor probatorio y no pueden ser incorporados directamente a las diligencias judiciales o administrativas".
Rato se encuentra imputado en el procedimiento en el que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. También se le atribuyen los delitos de administración desleal o apropiación indebida en la pieza separada sobre las 'tarjetas black' opacas al fisco, en la que los exconsejeros de Bankia y Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.
Un particular y el colectivo 15MpaRato, personado también como acusación popular, también solicitaron a Andreu que celebrara una vista en la que decidir si acordaba la prisión provisional y sin fianza para Rato.