Así se revela en el auto por el que el magistrado plantea al Tribunal Supremo una cuestión de competencia para que sea este órgano el que decida quien tiene que seguir investigando a Rodrigo Rato y otros ocho imputados por los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Serrano-Arnal se ha inhibido en favor del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien no ha aceptado la causa.
En concreto, Serrano-Arnal revela que Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), está realizando investigaciones por la existencia de indicios de que diversas empresas controladas por Rato están ingresando cantidades económicas en Bargerpleta GMBH con origen en Vivaway Limited, otra mercantil propiedad de Rato establecida en Gibraltar.
Entre estos ingresos estarían, según el auto, la financiación por Vivaway de otra sociedad, Arada S.L, "a través de los ingresos defraudados a la Hacienda Pública provenientes del pago de asistencias del señor Rato a diversos Congresos y Conferencias".
El juez detalla en este punto del auto que Bagerpleta GMBH tiene sede en Alemania y está dedicada como única actividad a la explotación de un hotel en Berlín. Es propiedad de Rato en aproximadamente un cincuenta por ciento a través de la sociedad Kradonara 2001 S.L. y a través del 62 por ciento que posee de la mercantil Rodanman gestión, que comparte con su excónyuge Ángeles Alarcó.
Igualmente el juez detalla que con origen en Telefónica han ido a parar a Bagerpleta otros 100.000 euros, así como con origen desconocido y a través de Kradonara 2001 y Vivaway Limited otros 1.050.777 euros, de los que 750.777 fueron empleados en una ampliación de capital de la entidad.