Las pesquisas se han centrado en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se investigaron diez sociedades. El juzgado abrió 27 piezas --al margen de la principal--, una por cada firma; aunque luego se quedaron en 26 al acumularse dos de ellas por haber una relación entre las sociedades.
Las actuaciones se iniciaron a raíz de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que en sus primeros informes apuntaban a una supuesta falta de justificación de los cursos, que a veces no se llegaron a dar y al incumplimiento del compromiso de contratación, así como a la falta de control posterior por parte de la administración regional.
El juzgado instructor ha archivado cuatro de las piezas relativas a empresas investigadas en esta causa, lo que se produce después de que la Fiscalía de Málaga, tras analizar uno por uno cada caso, y una vez de que declaró la mayoría de los responsables de las empresas investigados, instara el sobreseimiento provisional de 18 piezas relativas a otras tantas sociedades.
En esos casos, el ministerio público consideró que no había delito de fraude de subvenciones, ya que el dinero recibido no superaba en ningún caso los 120.000 euros que requiere la ley. En otras ocho piezas y en la principal, donde se investiga la actuación de políticos y funcionarios, el fiscal no solicitó el sobreseimiento provisional.