La reunión, según la convocatoria de JuntsxCat, es en el hotel President Park de la capital belga, donde se hará también una fotografía de grupo y se informará posteriormente de las cuestiones tratadas.
Al encuentro no podrán asistir parte de los miembros del grupo, entre los cuales los consellers cesados Jordi Turull y Josep Rull porque se les retiró el pasaporte, así como el número dos por Barcelona y expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el exconseller Joaquim Forn, ambos encarcelados.
Sí podrán estar en la reunión los exconsellers Clara Ponsatí y Lluís Puig, que residen como Puigdemont en Bruselas desde finales de octubre del año pasado.
Tras el encuentro esta semana de Puigdemont con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el objetivo es avanzar en las negociaciones que JuntsxCat mantiene con los republicanos, teniendo en cuenta que los primeros no contemplan ningún plan alternativo a investir a su cabeza de lista.
Por ello, han propuesto a ERC que Puigdemont sea investido telemáticamente por videoconferencia o bien por delegación, algo que los servicios jurídicos de los republicanos estudiarán para analizar su posible viabilidad.
INFORME A LOS LETRADOS
Los grupos de PSC y de Cs en el Parlament ya han anunciado que pedirán informes a los letrados del Parlament sobre el hecho de que JuntsxCat quiera investir a Puigdemont por la vía telemática.
Son los dos primeros grupos que han anunciado que lo pedirán: el PP apuntó a principios de semana que podía hacerlo, mientras que ERC consideró que los letrados deben pronunciarse pero no aclaró si también pedirá un informe.
El papel de los letrados vuelve a estar en el foco de la Cámara como ya lo estuvo en la pasada legislatura, cuando, por ejemplo, avisaron de que el Parlament no podía declarar la República, aunque JxSí y la CUP siguieron adelante.
Ayer, un letrado de las Cortes, Manuel Fernández-Fondecha, ha avisado de que "legalmente" es "absolutamente imposible" investir por la vía telemática puesto que el artículo 146 del reglamento incluye "clarísimamente el deber de asistencia" del candidato a la Presidencia para poder ser investido y la Constitución prohíbe que un diputado delegue sus funciones en otras personas.
Los servicios jurídicos del Gobierno también han elaborado un informe que concluye que la investidura es un acto de carácter indelegable y debe realizarse de forma presencial.