Según han informado los abogados al final de la vista, el juez ha dado un plazo hasta el 4 de diciembre a los defensores para que presenten alegaciones a las peticiones de la Fiscalía. Ese día, el tribunal podría tomar una decisión inmediata o aplazarla durante unos días para estudiar la documentación aportada por las partes.
La Fiscalía belga se ha mostrado de acuerdo con la entrega a España de Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que le acompañan en la capital belga por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación, según ha manifestado el abogado Christophe Marchand.
Los reclamados y su equipo de abogados belgas han llegado al Palacio de Justicia sin ser vistos por la gran parte de los periodistas que les aguardaban dentro del edificio que alberga este tribunal, que dispone de más de una decena de entradas. Un fuerte dispositivo de seguridad situado en la puerta más próxima a la sala de vistas ha impedido a los informadores acercarse para poder ver llegar a los exmandatarios catalanes.
La sesión se ha celebrado a puerta cerrada y ha contado un intérprete español-neerlandés, ya que éste ha sido el idioma elegido por los acusados para la instrucción del caso, en detrimento del francés, la otra lengua oficial en Bruselas. Los reclamados han comparecido de uno en uno.
La Fiscalía de Bruselas, que defenderá en la sala si las euroórdenes dictadas se ajustan a derecho y recomendará su ejecución o no, ha pedido a la Audiencia Nacional información "adicional y exhaustiva" de la "situación penitenciaria" en las cárceles españolas, según han confirmado diversas fuentes consultadas.
Se trata de un escrito en el que se interroga a las autoridades españolas sobre las "condiciones de encarcelamiento" en las prisiones del país, sobre el "tipo de tribunal" que juzgaría a los cinco acusados en España y sobre el "procedimiento judicial español".
España no es parte en este proceso, por lo que no podrá instar a la Fiscalía a presentar recurso si la sentencia no le es favorable, aunque el Ministerio Público belga consultaría con las autoridades españolas antes de tomar una decisión.
Las reglas de la orden europea de entrega establecen un plazo máximo de 60 días para decidir sobre la extradición de la persona reclamada por otro Estado miembro, con la posibilidad de una prórroga de 30 días más en casos excepcionales para llegar a un total de 90 días.
Sin embargo, estas salvaguardas están previstas para proteger los derechos de los detenidos, por lo que si los acusados no están en prisión los tiempos son menos estrictos.