La estrategia de Puigdemont podría pasarle factura al gobierno belga, que niega haber visto al expresident. Bélgica es un país de larga tradición de asilo político y por eso habría venido el expresident, aunque tendría que demostrar que está siendo perseguido, algo impensable en un Estado de la Unión Europea.
Fue el secretario de inmigración, del partido independentista flamenco, Theo Francken, dejó la puerta abierta a una posible concesión de asilo al expresident.
Puigdemont, que hoy dará una rueda de prensa en Bruselas, ha contratado al abogado que durante años ha defendido a varios etarras detenidos en Bélgica para tratar de evitar su extradición a España, Paul Bekaert.
Con la legislación europea en la mano, el Gobierno tiene claro que no hay posibilidad de asilo de un nacional español en un Estado miembro porque España es un país seguro, condición de pertenencia a la Unión Europea.
A Puigdemont le acompañan cinco de sus exconsejeros, su núcleo duro: Antoni Comín (Salud); Meritxell Serret (Agricultura); Dolors Bassa (Trabajo y Asuntos Sociales) Joaquim Forn (Interior); y Meritxell Borràs (Gobernación).