Los socialistas, personados como acusación popular, insisten de este modo en la petición que ya efectuaron antes del inicio de la vista oral. El tribunal sólo aceptó entonces incluir como testigo a la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre.
En el listado del PSOE figuraban también su sucesor, Ignacio González, y otras personas con cargos de responsabilidad como el exconsejero Juan José Güemes.
Según consta en el sumario de la causa en distintos informes, la Comunidad de Madrid fraccionó decenas de contratos adjudicados a empresas de la trama para la organización de actos para que figuraran como menores y no superaran los 12.000 euros. El objetivo era evitar que la organización de estos eventos tuviera que someterse a concurso.
ACUSA A LA ADMINISTRACIÓN
Una de las personas encargadas de estos contratos, la acusada Isabel Jordán, ha asegurado este miércoles en el juicio que se desarrolla en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, que este fraccionamiento de facturas era una petición expresa de la Administración.
"Era la Comunidad la que decía el concepto que había que cambiar, la persona a la que había que dirigirse o si había que cambiar el año para facturar", ha apostillado a preguntas del Abogado del Estado.