El documento le había sido remitido al presidente del Supremo por la Sala de lo Penal de este órgano, que acordó dar curso al permiso para poder investigar penalmente a Homs el pasado 6 de octubre a instancias del instructor de la causa, Andrés Palomo.
El juez había concluido tras el análisis inicial de los hechos que hay indicios de que Homs desobedeció la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que prohibió la celebración de la consulta catalana del 9-N. No obstante, descartó las acusaciones de malversación de caudales públicos que pesaban inicialmente sobre el diputado.
Durante su declaración el pasado 19 de noviembre, el diputado criticó ante el propio instructor de la causa el papel de la Fiscalía por ser contradictoria la presentación de la querella con la decisión inicial de los fiscales catalanes, que no veían caso. En una rueda de prensa posterior, Homs señaló que la sentencia está "dictada" y que existe una actitud gregaria entre Gobierno, Fiscalía y jueces instructores respecto al 9-N.
En sus respuestas al juez Palomo, Homs descartó haber tenido conciencia de haber desobedecido al Constitucional, pues su resolución no era concreta y desconocía a qué ámbito de actuación se refería. También señaló que el proceso era imparable y él actuó inmerso en este ámbito político, según explicó su defensa al término de su declaración.
Homs llegó ese día al Supremo acompañado por líderes del partido refundado como la vicepresidenta del partido, Neus Munté; la coordinadora general del partido, Marta Pascal; exconsejeros como Irene Rigau, Santi Vila y Meritxell Borràs; el presidente del Grupo Parlamentario de JxSí, Jordi Turull, y el exalcalde de Barcelona Xavier Trías, entre otros representantes institucionales del partido, así como de diputados de Podemos, PNV y Esquerra Republicana.
PAPEL RELEVANTE
El Ministerio Público, que es el único que acusa en esta causa, considera que Homs tuvo un papel de indudable relevancia en la preparación de la convocatoria.
La prueba de cargo es una carta con la que exconseller de Presidencia responde a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones y que había solicitado a la Generalitat la confirmación de que sus servicios no vulneraban la suspensión del Tribunal Constitucional.
En esta misiva, Homs no solo legitima la continuación de los servicios sino que se advierte "de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista" ya que pone a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern para ejercer acciones contra dicha empresa.