Así, el jefe del Ejecutivo canario ha asegurado que la decisión administrativa adoptada en su momento "se hizo por el interés general de los ciudadanos de La Laguna y el resultado ha evidenciado que fue acertada".
Clavijo indicó, en declaraciones a los medios, que este caso se inició con "una denuncia de dos partidos políticos, que esto ya ha sido archivado" en otra ocasión, para explicar que el caso en sí se enmarca en la decisión que adoptó el Ayuntamiento de La Laguna en cuanto a elegir "entre rescatar una concesión, asumir las deudas del concesionario y el personal o intervenirla, equilibrar la concesión y entregar a los propios concesionarios sin que le costase un euro al Ayuntamiento".
Agregó que esta última fue la decisión tomada y defendió que se hizo "por el interés general de los ciudadanos y además el Ayuntamiento pudo ganar dinero, un 4 por ciento de los anticipos que se les dio de 120.000 euros".
Actualmente el caso tuvo que ser remitido por la juez de Instrucción Celia Blanco al Tribunal Superior de Justicia de Canarias donde será la magistrada Carla Bellini la que hará la tramitación del mismo.