Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz de los 'populares' en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha explicado que espera que esta iniciativa pueda comenzar su tramitación parlamentaria teniendo en cuenta, según ha dicho, que contempla algunas de las propuestas planteadas por otros grupos.
El PP explica en el texto registrado, que recoge Europa Press, que con esta reforma pretende regular el estatuto jurídico de los 'lobbies' estableciendo una definición "inclusiva" del concepto mismo de grupo de interés que aporte "seguridad" a la hora de saber quiénes deben estar sujetos a la inscripción pertinente.
UN REGISTRO QUE CUSTODIARÁ LA SECRETARÍA DEL CONGRSO
Además, plantea crear un Registro Público de carácter "obligatorio" en el que puedan inscribirse los representantes de los grupos de interés, establecer un código de conducta al que deban someterse sus actividades en la Cámara y crear un órgano encargado de la supervisión de ese Registro, una labor que el PP encomienda a la Secretaría General del Congreso.
Cuando en la X Legislatura, la de la mayoría absoluta del PP, se tramitó en el Congreso la conocida como Ley de Transparencia, algunos grupos ya plantearon la conveniencia de proceder a regular los grupos de interés o 'lobbies'.
Sin embargo, este apartado quedó finalmente fuera de esta norma y aunque el debate resurgió con el nuevo intento que hubo de reformar el Reglamento del Congreso, que no llegó a buen puerto. Ahora el PP rescata este asunto y lo llevará a la sesión plenaria del próximo 14 de marzo.
LA ACTUACIÓN DE LOS LOBBIES ES "LEGÍTIMA"
Según alega el PP en su iniciativa, si bien la interacción de los poderes públicos con las empresas, asociaciones, ONG, organizaciones comerciales y profesionales, sindicatos, etc, es "legítima y necesaria" para la calidad de la democracia, los españoles tienen derecho a esperar que este proceso sea "transparente" y que tenga lugar dentro del "estricto cumplimiento de la ley, basados en unos principios éticos claros y de obligado respeto".
De ahí esta iniciativa con la que el PP pretende "aumentar la transparencia y la ética" del parlamentarismo español partiendo de la premisa de que la actuación de los grupos de interés es "legítima" y constituye un mecanismo de actuación de la sociedad civil y la participación de ésta en la conformación de las políticas públicas y de la legislación.