El PP ha presentado un recurso ante la Mesa del Congreso en el que insiste en que la investigación sobre su presunta financiación ilegal que va llevar a cabo la Cámara Baja se circunscriba a esta legislatura, aunque abre la puerta a que "subsidiariamente" se retrotraiga a octubre de 2012, fecha de la última reforma de la Ley de Financiación de Partidos.
En su escrito, el PP pide al órgano de gobierno de la Cámara que dé trámite al documento de cuestiones previas que registraron el pasado día 2 de junio y que fue rechazado por toda la oposición en la propia comisión de investigación. Con ese documento, el PP pretendía paralizar los trabajos de este órgano hasta que el letrado de la comisión emitiera un informe jurídico que clarificara su ámbito de trabajo.
Además, en su nuevo escrito, solicita a la Mesa que delimite "claramente el objeto concreto y específico de la comisión", así como el ámbito temporal. Según su propuesta, éste debería circunscribirse a la presente legislatura, que arrancó en julio de 2016, ya que, alega, resultaría "ineficaz exigir responsabilidades políticas a personas que actualmente están fuera de la vida política y no ostentan cargo alguno".
No obstante, el PP señala que "no hay que obviar" que, dado que la cuestión central de la comisión es su presunta financiación ilegal, lo "coherente sería no retrotraerse más allá de la entrada en vigor de la ley de 2015 que tipificó el delito de financiación ilegal".
SÓLO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Ahora bien, añade que, "subsidiariamente", podría comenzar a investigarse desde octubre de 2012, puesto que a finales de ese mes entró en vigor la reforma de la Ley de Financiación de Partidos que fijó las reglas que deben seguir las fuerzas políticas "en materia de financiación privada".
De la misma manera, el PP reclama la Mesa que delimite el ámbito institucional de la investigación que para ellos debe ceñirse a la Administración General del Estado dejando fuera comunidades, ayuntamientos y diputaciones provinciales.
La tercera petición que hacen al órgano de gobierno de la Cámara se refiere a la concreción del ámbito material de la investigación. En este punto, insisten en que las pesquisas deben limitarse a "los hechos o conductas realizadas por el PP en esta legislatura para su financiación y que pudieran considerarse presuntamente ilegales".
Por último, el PP plantea que, una vez que la Mesa resuelva su recurso, se abra un nuevo plazo para presentar su plan de trabajo ante la comisión de investigación y que pueda ser tenido en cuenta en la hoja de ruta definitiva, de manera que puedan reclamar la documentación y comparecencia que los 'populares' crean oportunas.
ARGUMENTOS PARA IR AL TC
De hecho, en su escrito denuncia la "actitud intransigente" y el "absoluto desprecio" a los planteamientos del PP demostrado por el resto de grupos al desoír sus peticiones y dar vía libre a un plan de trabajo, que tacha de "arbritario" y carente de regla alguna. También esgrime que esa falta de normas y el "todo vale contra el PP" generará confusión entre la esfera parlamentaria y la judicial.
A su juicio, que la comisión trabaje "sin reglas" supondría que sus miembros de arroguen "funciones judiciales" que contravienen el artículo 76 de la Constitución y que suponen "un retroceso hacia planteamientos predemocráticos", al dejar a un lado la garantías para la defensa del derecho a la "presunción de inocencia".
Además, los 'populares' aducen que, al no haberse atendido sus solicitudes previas, se ha vulnerado "claramente el derecho al ejercicio de sus funciones parlamentarias" porque no les han permitido presentar su plan de trabajo.
Estos dos argumentos podrían servir al PP en caso de que finalmente decida recurrir ante el Tribunal Constitucional si la Mesa rechaza su recurso. Y es que, en principio, esta solicitud no tiene visos de salir adelante, ya que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, que ya tumbaron las pretensiones del PP en la comisión de investigación, suman mayoría para volver a hacerlo en la Mesa del Congreso.