El mexicano perteneciente al clan de los 'Porkys' acusado de violar a una menor en enero de 2015 en Veracruz (México) ha solicitado a la Audiencia Nacional que rechace su extradición a su país natal ya que, según ha contado, él y su grupo de amigos no cometieron tal hecho, sino que fue el padre de la denunciante quien les amenazó para grabar una disculpa por una agresión que no había cometido.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estudiado este miércoles la extradición de Diego Gabriel Cruz Alonso --en prisión incondicional desde el 11 de junio--, reclamado por la Justicia mexicana por un delito de 'pederastia tumultuaria' al haber cometido presuntamente una agresión sexual junto a otros tres hombres en Veracruz en enero de 2015.
Cruz Alonso ha defendido su inocencia ante el tribunal presidido por Alfonso Guevara leyendo un manuscrito, en el que explicaba que se quedaron en "shock" cuando el padre de la menor, a la que supuestamente habían agredido sexualmente, les encerró en un despacho, "sacó un arma de fuego" y les obligó a dejar sus teléfonos móviles para "impedir solicitar auxilio", así como grabar una "disculpa de algo que no hicimos".
"Estábamos secuestrados y las salidas estaban bloqueadas", ha asegurado entre lágrimas el joven de 21 años. "Soy 100 por cien inocente de lo que se me acusa, no hay pruebas en contra (...) el padre de la denunciante dijo que estábamos vivos de milagro y que había investigado a nuestras familias durante semanas", ha añadido.
Asimismo ha constatado ante el tribunal que este hombre ya les advirtió que si no le entregaban "cuatro millones", el grupo de amigos iban a ser "demandados sin ningún fundamento".
"Los medios de comunicación de México hicieron esto extremadamente mediático porque era una época de elecciones", ha indicado. Por ello, ha pedido que "un país del primer mundo" como es España no se "deje influir" y permita que sea "juzgado justamente".
HA REALIZADO SU VIDA "COMO UN NIÑO NORMAL"
Por otro lado, Cruz Alonso ha destacado que no tenía conocimiento de que se le impusieron alguna medida cautelar, que hasta entonces ha hecho su "vida como un niño normal" y que no huyó del país para eludir sus responsabilidades, tal y como aseguran las autoridades mexicanas, sino que viajó hasta España para estudiar un estudio de finanzas en la Universidad Europea de Madrid.
Según ha afirmado, tenía intención de iniciar su vida profesional y "mejorar" en España, ya que la situación en México es "lamentable, hay mucha inseguridad, no hay oportunidad, hay corrupción".
En este sentido, además de constatar que la universidad certificó que solicitó en noviembre de 2015 ser aceptado en dichos estudios, ha explicado que viajó hasta territorio español el 29 de marzo de 2016 y que entró con pasaporte español. Su abogado defensor ha puntualizado que tiene la nacionalidad española desde los 14 años, pues tiene ascendencia materna española (su abuelo).
La defensa ha aseverado que su cliente ha comparecido las cuatro veces que ha sido citado y que en ningún momento "nadie le avisó, cuando se podía haber hecho perfectamente, que tenía en su contra una privación de libertad o de salir del país".
Además, ha destacado que la denuncia por la violación de una menor se interpuso "cuatro meses y 13 días después de que se produzcan los hechos" y ha reprochado que las pruebas que solicitó su cliente no se han practicado, a pesar de haber sido aprobadas por un juez.
FISCALÍA NO CONOCIA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA DEL ACUSADO.
No obstante, tanto la Fiscalía como el procurador general de México, que se ha sumado a la exposición de la fiscal, ha subrayado que no conocían la posesión de esta nacionalidad. Sin embargo, el abogado del acusado ha indicado que en el auto del juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno señala que el joven disponía de pasaporte español.
Por su parte, la representante del Ministerio Fiscal ha apostillado que la solicitud de ser inscrito en un curso universitario se realiza "justo con posterioridad" del hecho por el que es reclamado por México --en noviembre de 2015--, "con el fin de eludir sus responsabilidades en México".
Asimismo, ha apuntado que la petición de extradición sigue "vigente", que se cumplen todos los requisitos legales para acceder a ella y que "no cabe hablar para nada de una persecución de carácter político".
PRISIÓN "MERAMENTE INSTRUMENTAL"
El juez Ismael Moreno subrayó que Cruz Alonso abandonó México --lo que supuso que se lanzase una orden de busca y captura el 3 de abril de 2016-- pese a tener conocimiento de que existía un procedimiento judicial contra él mismo "por hechos muy graves" y que resulta "significativo" que se niegue a entregarse a autoridades mexicanas pese a rechazar su implicación en los hechos.
Moreno consideró que debía permanecer en la cárcel atendiendo "al cumplimiento de las garantías previstas en las normas de extradición" y afirmó que se trata de una medida "idónea" ante el "elevado" riesgo de fuga y para garantizar la entrega del mismo a las autoridades judiciales de México.
En dicho auto, el juez subrayó que se trata de una prisión "meramente instrumental y dirigida a asegurar la ejecución de la decisión que se adopte en el procedimiento de extradición o de ejecución de una orden europea de entrega".
El mexicano fue arrestado el pasado 11 de junio cuando se disponía a salir de una residencia de estudiantes de una céntrica calle de Madrid acompañado de un grupo de personas.
Las pesquisas comenzaron cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que uno de los cuatro jóvenes, señalados como presuntos responsables del caso de abuso sexual cometido contra una joven, podía encontrarse en España. En junio se produjo el arresto a pesar de la fuerte resistencia que ofrecieron tanto él como sus acompañantes a que fuera identificado.