Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en referencia a querellas contra varios periodistas, elaboradas por los servicios jurídicos públicos.
Según Ruiz-Huerta, "al llegar estas querellas al juzgado fue la propia jueza instructora de la causa quien pidió por favor que se sufragaran con cargo a los bolsillos particulares de quien estaba detrás de estas querellas, que era Ignacio González, y no con cargo a los fondos públicos".
En concreto, la PNL insta al Gobierno regional a realizar en el plazo de un mes un informe sobre el número de denuncias realizadas por miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2015 dirigidas contra periodistas u otros particulares por artículos, informaciones o cualquier tipo de denuncia haciendo constar si se emplearon servicios jurídicos y recursos propios del demandante o públicos de la Comunidad de Madrid, el coste de las actuaciones y el resultado final de la denuncia.
Igualmente, solicita encargar a los servicios jurídicos de la Comunidad un informe sobre la posibilidad de que este gasto incurra en tipos penales de malversación u otros y en su caso interponer las consiguientes querellas y reclamación de los importes gastados indebidamente.
Respecto a la devolución del dinero, la PNL insta a la Comunidad a solicitar por escrito a las personas que hubieran interpuesto tal tipo de denuncias usando "recursos públicos" que ingresen en las arcas de la Comunidad de Madrid el coste íntegro actualizado que hubieran tenido tales actuaciones y habilitar mecanismos para que se produzca tal pago.
Finalmente, aboga por "agradecer públicamente a los periodistas que en los últimos 15 años han investigado y denunciado los casos de corrupción sucedidos en la Comunidad de Madrid y que nunca se han dejado amedrentar por el Gobierno autonómico su contribución a la democracia y la decencia en nuestra Comunidad".
Por otro lado, Ruiz-Huerta ha avanzado que preguntará a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en el Pleno, si la personación de la Comunidad de Madrid en el caso Púnica responde al interés del Gobierno regional por defender los intereses de los madrileños en relación con los casos de corrupción que se han producido y que han podido perjudicar el patrimonio de todos o a "motivos personalistas en defensa de los intereses partidistas del propio PP".