En ese piso recaló gran cantidad de la documentación sensible de las empresas de Correa que se guardaba en las oficinas centrales de la calle Serrano 40. Lo trasladaba en persona Pablo Crespo previo aviso a la persona que ocupaba la vivienda. David Luis Cerezo, trabajador del grupo de Correa, residía como inquilino en el inmueble que a su vez era alquilado por el grupo empresarial a un tercero. Una sencilla maniobra de distracción, según la policía, para ocultar las frecuentes visitas de Crespo y el chófer de Correa a lo que en realidad funcionaba como “piso franco” del grupo.
“La importancia del material incautado en este domicilio deriva de su uso como un lugar de seguridad donde los miembros de la organización de Francisco CORREA, sobre todo Pablo CRESPO SABARIS, almacenaban documentación sensible que era necesario ocultar en un lugar ajeno a cualquier tipo de sospecha de relación o vinculación con los miembros de la organización” explican los últimos informes de la UDEF. Los policías desconocían la ubicación del piso, pero los pinchazos telefónicos de enero les confirmaron la dirección. Los sospechosos habían reducido significativamente sus comunicaciones vía telefónica, aunque mencionaron una dirección, la del séptimo piso del número 32 de la calle Martínez Campos de Madrid. Los policías también escucharon por vez primera los supuestos planes del líder de la trama para escapar de la Justicia española y disfrutar de su fortuna en Panamá.
No hubo tiempo para más. La policía sospechaba que la trama había comenzado una carrera por esconder o destruir toda la documentación sensible y que algunos de sus miembros habían sido alertados de los pinchazos telefónicos. El día 6 de febrero la policía irrumpió en el piso de Martínez Campos con el correspondiente mandamiento judicial. Allí les esperaba abundante documentación entre la que destacaban dos elementos en especial. Una memoria externa encriptada y una agenda marrón propiedad de Pablo Crespo, conocida en el sumario como “documento 19”. Ambas ayudaron a la policía a confirmar muchos de los datos que ya sospechaban y revelaron algún secreto más.
En efecto, la agenda del que la policía señala como uno de los cabecillas de la trama escondía gráficos que explicaban como el PP de Valencia pagaba el 80% de los actos de campaña en “dinero B” o, como advierten los investigadores, instrucciones para que las constructoras financiaran ilegalmente a los populares valencianos con la Gürtel como intermediaria.
Mención aparte merecen los archivos titulados como “pufos” referentes a las agrupaciones regionales del Partido Popular en Madrid y Andalucía o al ayuntamiento de Majadahonda. En todas, según los mandamases de la Gürtel, se debía dinero a la organización a pesar del excelente trato que algunos recibían. Es el caso del ex alcalde de Majadahonda, al que según la documentación de la trama se le pagaron sus gastos personales, viajes a Málaga, o Alemania, hoteles de lujo y hasta efectos de joyería, con el dinero de las comisiones que Gürtel obtuvo con la puesta en marcha de la Oficina de Atención al Ciudadano del pueblo que entonces gobernaba como alcalde.
Todo, junto con las cuentas de beneficios de la trama Gúrtel por organizar las campañas del Partido Popular en toda España, Madrid, Valencia o Galicia, por mencionar algunas, lo encontró la policía en el “piso franco” de Martínez Campos. La policía detalla esto en los informes que acaba de recibir el juez, y también como la organización controlaba el destino de muchos de los ayuntamientos entonces más ricos de España, como Majadahonda, Pozuelo o Boadilla del Monte, algunos ahora con serios problemas derivados del saqueo de la Gúrtel.