Piden dos años de cárcel para una maestra de Ceuta por atentar contra la integridad moral de alumnos de 3 años

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio celebrado durante esta semana a puerta cerrada con una maestra del colegio San Agustín de la ciudad autónoma acusada de haber cometido presuntos delitos de maltrato, contra la integridad moral y trato degradante a varios niños de tres años a los que dio clase durante los primeros meses del año académico 2014-2015, cuando supuestamente "sometió a menores de tres años a castigos severos y humillaciones que afectaban a su normal desarrollo" y "se excedió de su derecho de corrección atentando contra su dignidad personal".

La Fiscalía ha solicitado en su calificación final que se imponga a la acusada, A.G.R., una pena de dos años de cárcel, tres de prohibición de acercarse y comunicarse con los pequeños y dos de suspensión para ejercer la profesión docente en cualquier centro educativo.

Sin embargo, según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el Ministerio Público ha retirado la solicitud de otro año de prisión por un presunto delito de maltrato al entender que no ha quedado suficientemente acreditado a la luz de los testimonios de los más de 20 testigos que han declarado.

Una de las acusaciones particulares pide dos años de cárcel por un delito de trato degradante y otro leve de lesiones con agravantes de alevosía y abuso de autoridad, así como inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante el mismo tiempo. La otra, idéntica pena por un supuesto delito degradante con agravante de abuso de superioridad de la acusada, que sigue trabajando en el mismo colegio concertado, ahora impartiendo clase en Primaria.

El auto de apertura de juicio oral declaró "responsabilidad civil directa y solidaria y de la acusada y del Colegio San Agustín" y subsidiaria de la entidad aseguradora, así como el depósito de una fianza de 50.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse".

Durante su declaración, la docente, A.G.R., solo asumió haber metido "una vez" y durante un corto periodo de tiempo a un niño en un cubo de basura debido al "caos" generado en ese momento en el aula pero negó haber dispensado malos tratos físicos o psíquicos o insultado a los pequeños.

Los peritos judiciales se han ratificado, sin embargo, en sus informes que apuntan que "se aprecian indicadores compatibles con una situación de maltrato físico y psicológico, siendo el relato de los menores congruente con experiencias vividas de manera habitual".

En sus dictámenes han señalado que "en los relatos de algunos de los menores se desprende que han vivenciado castigos físicos y humillantes en la escuela" y que "se aprecia cómo [la acusada] percibe a los menores de manera negativa, tratando como problemas de disciplina los comportamientos propios de etapa psicoevolutiva y las características particulares de cada uno (hipoacusia, síntomas de hiperactividad y déficit de atención)".