Así lo ha formulado su letrado en un escrito presentado en el alto tribunal en el que también reivindica, en el caso de los exconsejeros encarcelados del PDeCAT, que se anule la fianza de 6,2 millones de euros impuesta por la juez Lamela contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus 13 exconsejeros por la celebración del referéndum catalán ilegal el pasado 1 de octubre, según han informado fuentes de la defensa.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó el ingreso en prisión de los exmiembros del gobierno catalán el pasado 2 de noviembre por los delitos de sedición, rebelión y malversación. La magistrada hizo lo propio con Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium) el 16 de octubre por el delito de sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre en Barcelona por las detenciones relacionadas con la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre.
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