RECHAZO A UN REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN: Ambas formaciones rechazan "todo intento de convocar un referéndum" en España para "impulsar la autodeterminación de cualquier territorio" del país. Los dos partidos incluyen este principio en el último de los siete capítulos que engloba el acuerdo, que se refiere a la reforma de la Constitución "para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial" del Estado.
Defienden que es necesario "remodelar" el Estado para "un nuevo largo periodo de convivencia" que garantice "el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial" de los españoles. En concreto, defienden que la Carta Magna "dejó abierto" el modelo territorial, por lo que ahora "hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se quedó sin precisar, actualizando y relegitimando" el modelo para "mejorar la convivencia entre españoles". Ciudadanos acepta la apuesta del PSOE por el federalismo, ya que se compromenten a revisar el Título VIII de la Constitución para "desarrollar el concepto de Estado federal", tal y como proponían los socialistas.
CESE DE ALTOS CARGOS IMPUTADOS: PSOE y Ciudadanos se han comprometido a no incorporar a sus listas electorales a personas investigadas (figura actual para denominar a los imputados) por delitos de corrupción y a cesar a los que, desde la firma de este documento, pasen a esa situación judicial y la Fiscalía lo mantenga. Los dos partidos se comprometen a trabajar para poner en marcha "medidas urgentes de carácter preventivo, de control y sanción" que, entre otras cosas, garanticen que se proceda al cese de altos cargos "cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso". Además, quieren que se suspenda a concejales y parlamentarios a los que se abra jucio oral por las mismas razones.
DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL: El PSOE y Ciudadanos han acordado derogar la reforma laboral del PP y reducir a tres los tipos de contrato, incluyendo un nuevo tipo de contrato temporal "progresivo" y con indemnización creciente, que iría de 12 a 20 días por año trabajo en caso de despido procedente y de 20 a 33 días en caso de despido improcedente. En el ámbito laboral, uno de los que más dificultades de acuerdo entrañaba, socialistas y 'ciudadanos' han acordado finalmente mantener el contrato de relevo y formación, y reducir el resto de modalidades a dos: uno indefinido y otro "estable y progresivo", que serviría para cubrir puestos de trabajo de duración determinada.
LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA: Sánchez se ha comprometido verbalmente a "derogar" la ley de Seguridad Ciudadana, pese a que el documento contempla sólo reformar aquellos puntos que la oposición impugnó ante el Tribunal Constitucional y los que resultaron más controvertidos. Textualmente, el pacto habla de "revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las Fuerzas de Seguridad" y los que "sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones". También aboga por reformar aquellos preceptos que atribuyen a los cuerpos policiales "poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos".
EDUCACIÓN: Se paraliza el calendario de implantación de la LOMCE, lo que significa que no se harán más revalidas y no se implantarán en los cursos en los que aún no es efectiva.
"NINGÚN RECORTE DE GASTO SOCIAL": PSOE y Ciudadanos se comprometen "de forma inequívoca" con la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal en su acuerdo para la investidura del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, pero también afirman que no aplicarán "ningún recorte de gasto social" en esta legislatura. Sin embargo, creen que "la consolidación de las cuentas públicas "no se puede hacer a costa de reducir aún más" el nivel de bienestar, sino que debe pasar por la renegociación de los objetivos de déficit con la Unión Europea para pactar una senda que dependerá de "la situación real de las finanzas públicas heredada" del actual Ejecutivo, dado que aún no se conoce el cierre del déficit de 2015, y que en cualquier caso debe llevar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad (3%) a 2017, y no a finales de este ejercicio como está previsto.
REBAJA DEL IVA CULTURAL AL 10%: PSOE y Ciudadanos se han comprometido a rebajar el IVA aplicado al sector de la cultura del 21 al 10%, así como a reformar la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), a impulsar una Ley de Mecenazgo, luchar contra la piratería, impulsar la labor del Instituto Cervantes, y a "recuperar el Ministerio de Cultura". El acuerdo plantea alcanzar un pacto social y político por la educación, la ciencia y la cultura como "ejes fundamentales y vertebradores" del país para garantizar la igualdad de oportunidades. A su vez, se han aliado para "recuperar el Ministerio de Cultura" para darle un "impulso definitivo" a la cultura, a las artes, a la creación, a las industrias culturales y que desarrolle una política que responda a una concepción federal y que promueva la pluralidad cultural y lingüística de España.
MODIFICACIÓN DE LA LEY ELECTORAL: Ambos partidos proponen revisar las bases del sistema electoral, con remisión de su concreción a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una norma que para ser modificada requerirá una mayoría de tres quintos. Para constituir la ponencia que reformaría la LOREG en aquellos aspectos que no precisen cambios en la Constitución, fijan un plazo de seis meses. Entre esas bases, PSOE y Ciudadanos plantean medidas para "incrementar la proporcionalidad, desbloquear las listas, facilitar el voto a las personas con discapacidad y posibilitar formas de voto electrónico".
SENADO CON UN MÁXIMO DE CIEN MIEMBROS: El acuerdo alcanzado por el PSOE y Ciudadanos establece que, en el marco de la reforma de la Constitución, ambos partidos defenderán convertir el Senado en una verdadera cámara territorial con un máximo de cien miembros. Si finalmente no se transforma en este sentido, pedirán cerrarlo. La idea de Ciudadanos y el PSOE es que la Cámara Alta se convierta en una "estricta cámara territorial con una composición máxima de 100 miembros" (actualmente son 266) y "con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado".