"¿Qué funciones cumple, a su juicio, el veto presupuestario?", reza textualmente la pregunta registrada por el secretario general del partido morado, a la que ha tenido acceso Europa Press.
De esta forma, Iglesias pretende pedir cuentas a Rajoy por el abuso que, desde su punto de vista, está haciendo el Gobierno de su facultad de veto para impedir el debate de iniciativas de distintos grupos de la oposición.
24 VETOS
En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha planteado un total de 24 vetos a iniciativas legislativas de los grupos de la oposición y de parlamentos autonómicos, alegando que implican un incremento del gasto o una merma de ingresos y no sólo para el año en curso sino para ejercicios posteriores.
Las dos últimas iniciativas vetadas llevaban la firma de Unidos Podemos, una la había presentado en solitario con el objetivo de equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad y hacerlos intransferibles, y la otra, compartida con el resto de la oposición, pretendía acabar con el denominado 'impuesto al sol'.
Unidos Podemos, que tiene dos representantes en la Mesa del Congreso, ya ha avanzado que no piensa apoyar ningún veto de los que plantee él Gobierno y, además, está preparando una reforma del Reglamento del Congreso para limitar la capacidad del Ejecutivo de impedir el debate de textos legislativos, ajustándola a la doctrina del Tribunal Constitucional.
REFORMA DEL REGLAMENTO
La capacidad de veto del Gobierno tiene su origen en el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".
Según han avanzado a Europa Press fuentes de Unidos Podemos, la proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso que están preparando busca modificar el artículo 126 de las normas parlamentarias que desarrolla ese principio constitucional.
A su juicio, el Ejecutivo utiliza esta herramienta desoyendo la doctrina del Tribunal Constitucional, que, aducen, ha dejado claro en varias sentencias que el Gobierno tiene capacidad de veto pero sólo si la iniciativa en cuestión trastoca las previsiones presupuestarias del ejercicio en curso, es decir, que no puede frenar la tramitación de iniciativas si éstas implican reducción de ingresos o aumento de gasto para el presupuesto del año siguiente.
De entrada, el Tribunal Constitucional tiene pendientes de sentencia los dos recursos del Gobierno contra las decisiones que adoptó la Mesa del Congreso, desoyendo los vetos del Ejecutivo, de continuar la tramitación de dos proposiciones de ley del PSOE, una sobre la paralización de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y otra para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas.