Los grupos de la oposición, salvo Ciudadanos, han avanzado este martes su apoyo a la tramitación de una propuesta de Unidos Podemos para reformar el Reglamento de la Cámara con el objetivo de limitar el poder que tiene el Gobierno de vetar la tramitación de iniciativas legislativas alegando que suponen un aumento del gasto o una disminución de ingresos.
La encargada de defender la iniciativa ha sido la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, quien ha denunciado que en lo que va de legislatura sólo se han aprobado cinco leyes, que sólo una de ellas no ha sido promovida por el PP y que el Gobierno ha ejercido su derecho de veto en 44 ocasiones. También ha criticado que se 'congelen' las iniciativas con "eternas ampliaciones del plazo de enmiendas" y el abuso que, a su juicio, hace el Gobierno de los decretos-ley.
"Están impidiendo que el Parlamento legisle y vulnerando la separación de poderes", ha sentenciado Montero, remarcando que el Ejecutivo del PP usa sus facultades de forma "torticera", que ha vetado en un año "más que todos los gobiernos" desde 1978 y que gran parte de los vetos afectan a leyes de cariz social.
"No hay bandera que puedan tapar la cantidad de artículos de la Constitución que ustedes se pasan por el arco del triunfo todos los días. Vuelvan a la legalidad", ha reclamado Montero, anticipando las críticas en las que después han abundado los portavoces de PSOE, PNV, PDeCAT y Compromís.
ESTAMOS HARTOS
Así, el socialista Ciprià Ciscar ha destacado que, pese a que el Reglamento tiene 35 años de vigencia, hasta ahora nadie había planteado la necesidad de limitar el poder de veto del Gobierno, a su juicio, porque ningún Ejecutivo había "abusado" de él como hace el Gabinete de Mariano Rajoy. "Han vetado el 25% de iniciativas de los grupos y el 70% de las comunidad autonómas", ha apuntado.
"Quieren construir una democracia de bajo coste", se ha lamentado, por su parte, Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, mientras que Aitor Esteban, del PNV, ha dejado claro su "hartazgo" por los "abusos" del Gobierno en esta materia y ha culpado a PP y Ciudadanos aliarse en la Mesa del Congreso para hacer que las iniciativas "duerman el sueño de los justos" con la constante ampliación de plazos de enmiendas.
En lo mismo ha incidido el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, quien ha mostrado en la tribuna un cartel con la leyenda '35!' para denunciar el número de ampliación de plazos de enmiendas que acumula la reforma del Estatuto Valenciano. "Estafa, fraude, filibusterismo, usurpación, secuestro, robo de la falcultad legislativa del Congreso", así ha resumido Baldoví la situación.
Por contra, la 'popular' Isabel Borrego ha justificado la negativa de su grupo a tramitar la reforma alegando que supone una "modificación encubierta de la Constitución" y un "clarísimo atentado" a la separación de poderes".
SE HA EVITADO EL GASTO DE 80.000 MILLONES
"Quieren intervenir el Poder Ejecutivo desde la oposición", se ha quejado, subrayando que, de no haber sido vetadas, las iniciativas que querían aprobar los grupos habrían costado 80.000 millones de euros, y acusando a Unidos Podemos de pretender quitar al Constitucional su facultad de dirimir cuando se produce conflictos entre poderes.
También Ciudadanos, por boca de su portavoz, Juan Carlos Girauta, ha avanzado su rechazo a la reforma por considerarla "impertinente" cuando el Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre este asunto. Además, ha esgrimido motivos de fondo puesto que, desde su punto de vista, la propuesta de Podemos da poderes a la Mesa que no le corresponden.
LA MESA PUEDE PEDIR MÁS INFORMACIÓN
En concreto, la iniciativa de Unidos Podemos busca reformar dos artículos del Reglamento del Congreso, que data de 1982, para obligar al Gobierno a comunicar "de forma expresa y suficientemente motivada" su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley y que ésta únicamente se pueda vetar si afecta "exclusivamente al ejercicio presupuestario en curso".
Una vez que la Mesa reciba el escrito del Gobierno, podrá "examinar y valorar" tanto los requisitos formales como la motivación aportada por el Ejecutivo para decidir si acepta su disconformidad o se opone a la misma. Además, la Mesa, 'motu propio' o a petición de los grupos, podrá requerir al Ejecutivo información adicional sobre su veto.
Según la reforma que propugna Unidos Podemos, recogida por Europa Press, la Mesa también podría pedir un informe a la Oficina Presupuestaria de las Cortes sobre el impacto presupuestario de la iniciativa en cuestión.
En el caso de que, en el plazo de 30 días desde la publicación de la iniciativa, el Gobierno no se oponga a la tramitación, no lo haga de forma expresa y suficientemente motivada o no se refiera únicamente al ejercicio presupuestario en curso, la Mesa podrá dar vía libre a su inclusión en el orden del día para el debate de toma en consideración.
Y podrá hacer lo mismo si considera que el veto puede suponer una violación de los derechos fundamentales de potestad legislativa de los diputados.
La propuesta de Unidos Podemos también se refiere al veto a las enmiendas presentadas a proyectos de ley que puedan implicar aumento del gasto o disminución de ingresos, limitando cualquier veto a que afecten al ejercicio presupuestario en curso y exigiendo la misma disconformidad de forma "expresa y suficientemente motivada".
Esta es la tercera propuesta de reforma del Reglamento del Congreso que se debate en el Pleno desde el inicio de la legislatura. El pasado mes de abril ya se acordaron tramitar otras dos modificaciones reglamentarias, pero ambas están 'congeladas' desde entonces, precisamente por la ampliación de los plazos de enmiendas. Se trata de una del PP para regular los grupos de interés (lobbies) y otra del PNV para que la Cámara evalúe el cumplimiento de las mociones y proposiciones no de ley aprobadas.