UPyD ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional para que el juez que instruye el caso Gürtel investigue el papel que jugó la Comunidad de Madrid en la operación Arganda del Rey. Según las diligencias previas, la venta de unos terrenos habría supuesto “al menos 25 millones de euros” para el jefe de la trama, Francisco Correa.
Hace unos días el gobierno regional reconoció “no haber tenido conocimiento de esta operación”, a pesar de que la ley obligaba al Ayuntamiento de Arganda del Rey a solicitar una autorización previa a la Comunidad de Madrid. UPyD pide que se depuren responsabilidades:
“Ante la posibilidad de que ello pudiera suponer la responsabilidad de aquellos, que conociendo o debiendo conocer de la irregularidad invalidante del acto municipal, no actuasen para su inmediata depuración…”
El mayor pelotazo de la Gürtel arrancó en 2004 en Arganda del Rey. Fue un pelotazo de libro: 150.000 metros cuadrados, más de 20 campos de fútbol.
El ayuntamiento presidido por el popular Ginés López, hoy imputado, cedió gratuitamente los terrenos a una empresa pública, presidida por un ex diputado autonómico popular, Benjamín Martín, también imputado.
Según argumenta UPyD, una operación tan grande tenía que tener por ley autorización del gobierno regional porque su cuantía superaba el 25% del presupuesto del Ayuntamiento. Además los terrenos debían tener un fin público. Ninguna de estas dos condiciones se cumplió.
A los siete meses los terrenos se vendieron a Martinsa por 77 millones. Su presidente, Fernando Martín, también está imputado en el caso Gürtel. En 2006 una reclasificación del terreno, permitió a Martinsa vender una parte y triplicar su valor. Según el juez Ruz, la operación supuso "al menos, 25 millones de euros” para el jefe de la trama, Francisco Correa.
Esperanza Aguirre reconoció ante el juez que le alertaron de la venta de estos terrenos en una reunión en Génova con el tesorero del PP y Mariano Rajoy . Pero Aguirre siempre ha asegurado que la operación Arganda no se podía parar. En una entrevista en noviembre de 2013 en el programa Las Mañanas de Cuatro, Aguirre explicó que no se pudo hacer nada porque era “competencia exclusiva del Ayuntamiento.”
La ley 2/2003 dice: “La enajenación, gravamen o permuta de bienes patrimoniales cuyo valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación requerirán la autorización de la Comunidad de Madrid.” En el caso de Arganda este porcentaje se superaba con creces, según UPyD
Para este partido Aguirre no dice la verdad. “Tenían que haber autorizado la cesión de los terrenos expresamente y se lavaron las manos. Y luego cuando conocieron las irregularidades de las operaciones en Arganda lo que tuvieron que hacer es intervenir y anularlo todo, pero no lo hicieron. Tienen que dar explicaciones ante el juez de por qué.”
El entonces consejero Ignacio González tenía que haber autorizado la venta de los terrenos. Pero el expediente Arganda no existe ni ha existido. Es la última versión oficial del Gobierno autonómico.