En un comunicado conjunto, han valorado positivamente el acuerdo rubricado por el Govern y las entidades promotoras de la ILP de esta renta, que "debe ser el último recurso al cual se acoja una persona vulnerable".
Recuerdan que los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos y que, por lo tanto, son los que mejor conocen sus dificultades, y señalan que lo que quieren y necesitan los colectivos más vulnerables es un empleo digno y buenas políticas de inserción.
También han asegurado que la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía supondrá un coste añadido para los entes locales, ya que serán los servicios sociales municipales los que harán el seguimiento de los casos más complejos.
Además, han pedido poder formar parte de la comisión de seguimiento de la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía que se derivará de su creación.